Colombia enfrenta tensiones internas y externas entre justicia transicional y deuda onerosa: un país en el filo de su futuro
Colombia vive un momento de alta tensión y transformación, donde convergen la justicia transicional, la economía y la seguridad en un escenario que revela las profundas contradicciones y retos del país.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó en septiembre de 2025 sus primeras sentencias de fondo contra altos mandos de las FARC por secuestro y contra militares implicados en los llamados falsos positivos, marcando un hito en la justicia restaurativa del posconflicto. Sin embargo, estas decisiones han desatado un intenso debate político y social. Sectores conservadores critican la supuesta "blandura" de las sanciones, mientras defensores resaltan la inédita aceptación de responsabilidades y el compromiso con la reparación comunitaria. La JEP, además, enfrenta el desafío de mantener su legitimidad en un país polarizado y en vísperas de elecciones legislativas y presidenciales.
“El éxito de la justicia transicional es condición para consolidar una esquiva paz”, advierte la Misión de Verificación de la ONU, mientras la Corte Penal Internacional observa de cerca la evolución del tribunal.
Por otro lado, la economía colombiana muestra señales preocupantes. En octubre de 2025, Colombia aparece como uno de los países con la deuda pública más cara del mundo, con tasas que superan a las de Brasil y Chile, y un costo financiero que absorbe cerca del 31% de los ingresos fiscales. Este escenario refleja la creciente desconfianza de los mercados internacionales ante la gestión fiscal y la creciente deuda que alcanza el 63% del PIB.
Julián Cortés, investigador del Banco Popular, señala: “Nos están cobrando mayores tasas y la deuda nos sale más cara a todos los colombianos. Hoy el mercado considera muy factible una nueva rebaja en la calificación crediticia”.
El gobierno ha intentado mitigar esta presión con estrategias como el carry trade y la diversificación de emisiones en monedas distintas al dólar, pero los riesgos permanecen, especialmente ante la postergación de pagos al capital de la deuda que aumentará la carga de intereses para la próxima administración.
En materia de seguridad, Colombia continúa su cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. En agosto de 2025, siete narcotraficantes fueron extraditados a EE.UU., acusados de tráfico de cocaína y delitos conexos, en una operación respaldada por la Policía Nacional y la Interpol. Esta ofensiva se da en un contexto donde la Cámara de Comercio Colombo Americana advierte sobre el riesgo de descertificación debido a incumplimientos en compromisos antidrogas.
La embajada estadounidense en Washington celebró la extradición como un avance en la desarticulación de redes criminales y la protección de la seguridad hemisférica.
Perspectivas encontradas
Desde el centro político, la derecha cuestiona la JEP por considerar que la justicia restaurativa no es suficiente para crímenes atroces, mientras la izquierda y sectores de víctimas defienden el proceso como un paso necesario para la reconciliación.
Regiones afectadas por el conflicto esperan que las sanciones restaurativas se traduzcan en proyectos concretos de reparación, aunque persiste la incertidumbre sobre la seguridad de los sancionados y la transparencia en la ejecución.
En el plano económico, el gobierno enfrenta la disyuntiva entre mantener la estabilidad fiscal y responder a las demandas sociales, en medio de un escenario global incierto y mercados que castigan la percepción de riesgo.
Finalmente, la lucha contra el narcotráfico, aunque reforzada, enfrenta críticas internas sobre la efectividad y la sostenibilidad de las políticas.
Conclusiones
Lo que está en juego en Colombia no es solo la resolución de conflictos pasados o el manejo de cifras macroeconómicas, sino la capacidad del país para construir un futuro donde la justicia, la estabilidad y la seguridad coexistan. La JEP representa un experimento audaz en justicia transicional, con resultados aún por consolidar. La deuda y la presión internacional evidencian la fragilidad de la economía, mientras la seguridad sigue siendo un campo de batalla vital.
Este complejo entramado exige una mirada crítica y plural, que reconozca las tensiones sin buscar diluirlas, y que invite a la ciudadanía a comprender las raíces y consecuencias profundas de estos desafíos. Colombia, en definitiva, se juega su legitimidad interna y externa en un escenario que demanda más que respuestas inmediatas: requiere reflexión, diálogo y compromiso sostenido.