Sylvia Eyzaguirre y el sistema de financiamiento de la educación superior: Un proyecto que resuelve para el Estado y complica a estudiantes e instituciones

El debate sobre el financiamiento de la educación superior en Chile ha alcanzado un punto crucial con la propuesta de eliminar el Crédito con Aval del Estado (CAE) y reemplazarlo por el nuevo sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES). A casi un año de su presentación, la investigadora senior del Centro de Estudios Públicos (CEP), Sylvia Eyzaguirre, ha entregado una mirada crítica que pone en tensión las promesas oficiales y las consecuencias visibles para estudiantes e instituciones.

El proyecto FES fue aprobado en la Cámara en agosto de 2025 y actualmente se encuentra en discusión en el Senado, con voces a favor y en contra dentro y fuera del gobierno. Este sistema pretende resolver el problema del alto costo fiscal y la morosidad que caracterizan al CAE, buscando una recaudación más eficiente y un esquema que permita mayor control estatal sobre el financiamiento de la educación superior.

Desde la perspectiva del Estado, el FES representa un avance en eficiencia fiscal. Como señala Eyzaguirre, "el sistema tiene una forma de recaudar mucho más eficiente, lo que hace creer que efectivamente salga más barato para el Estado". La intención es que la carga financiera de la educación superior sea más sostenible y que los recursos públicos se administren mejor.

Sin embargo, este aparente triunfo fiscal tiene un costo que recae con fuerza sobre los estudiantes y las universidades. "El proyecto es sumamente discriminatorio entre los estudiantes", advierte la investigadora. La lógica del FES establece que los estudiantes deben devolver al Estado un monto que depende de la duración de su carrera, pero con topes y reglas que generan desigualdad notable.

Por ejemplo, un estudiante de medicina, carrera que dura seis años, solo paga hasta 20 años, mientras que otro que estudia cinco años debe pagar esos 20 años completos. Si un alumno se demora un año más en una carrera de cinco años, no paga más años, pero un estudiante de instituto profesional que estudió cuatro años y se demoró un año más sí paga el máximo. Este esquema crea subsidios cruzados entre estudiantes, favoreciendo a algunos a costa de otros.

El impacto en las universidades también es preocupante. El Estado fija precios y vacantes para quienes acceden al FES, lo que limita la autonomía económica de las instituciones. Según Eyzaguirre, esto puede derivar en problemas de solvencia, especialmente para las universidades semicomplejas, que ya enfrentan dificultades financieras y restricciones para acceder a fondos de investigación.

"Muchas instituciones que han hecho un esfuerzo tremendo por hacerse más complejas van a terminar simplificándose y masificándose, lo que implica una pérdida de calidad para el sistema educacional", señala la investigadora, poniendo en alerta sobre un posible retroceso en la diversidad y la calidad académica.

El contraste con el proyecto anterior del ex Presidente Sebastián Piñera es notorio. Mientras aquel buscaba mejorar la recaudación sin fijar precios ni vacantes, permitiendo cierto copago y autonomía, el FES impone límites que condicionan los proyectos educativos.

Además, Eyzaguirre cuestiona la regresividad del sistema y la injusticia de condonar deudas a quienes ya pagaron, sugiriendo que esos recursos podrían destinarse a áreas con mayor impacto social, como la educación temprana o la seguridad.

La discusión también se extiende a las implicancias éticas y sociales del financiamiento. El FES, aunque técnicamente no es un crédito, implica una obligación de pago que puede superar ampliamente el monto original financiado, configurando una especie de impuesto focalizado y temporal, pero con efectos muy diferentes según el perfil del estudiante.

En términos prácticos, el sistema puede ser más oneroso para algunos estudiantes, especialmente aquellos con mejores condiciones económicas, que terminan subsidiando a otros.

El Ministerio de Educación ha valorado la iniciativa como un avance necesario, pero el debate en el Senado y en la sociedad civil sigue abierto. Distintas voces, incluyendo académicos, especialistas y actores del sistema universitario, han llamado a revisar y perfeccionar el proyecto para evitar consecuencias negativas en el acceso, la calidad y la equidad.

En definitiva, el FES representa un dilema clásico entre eficiencia fiscal y justicia social, autonomía institucional y control estatal, igualdad formal y desigualdad material. Como concluye Sylvia Eyzaguirre, "el proyecto resuelve un problema para el Estado, pero pone en serio riesgo la solvencia económica y la calidad de las instituciones de educación superior". La tensión entre estos polos define hoy un debate que marcará el futuro de la educación superior en Chile y su papel en la movilidad social y el desarrollo nacional.

---

Fuentes:

- Columna y entrevistas de Sylvia Eyzaguirre, CEP (Diario Financiero, La Tercera, 2024-2025)

- Informes oficiales del Ministerio de Educación y Hacienda (2024-2025)

- Análisis académicos y reportes sectoriales sobre educación superior y financiamiento público en Chile