
Un programa con promesas contundentes y desafíos a la vista
En agosto de 2025, Harold Mayne-Nicholls presentó un ambicioso programa económico que promete la creación de 500 mil empleos formales a lo largo de su eventual mandato de cuatro años. Su plan, detallado en un documento de 45 páginas, combina un enfoque en la reactivación económica a través de la inversión, la generación de empleo público y privado, y un fuerte impulso a las regiones mediante la instalación de "Centros de Competitividad Territorial" (CCT).
El programa destaca la aceleración de proyectos estratégicos en sectores como la construcción, energía verde, economía digital, turismo y minería, con un seguimiento mensual para reducir la permisología y asegurar avances concretos. Además, plantea un aumento progresivo del salario mínimo, subsidios transitorios a microempresas y un reforzamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Perspectivas políticas y sociales: un abanico de esperanzas y recelos
Desde la centroizquierda, la propuesta ha sido recibida con una mezcla de optimismo y cautela. Algunos sectores valoran la intención de generar empleo formal y la mirada regionalista, pero advierten que el éxito dependerá de la capacidad real del Estado para implementar obras públicas y reducir la burocracia.
"La idea de los CCT puede ser un aporte a la descentralización, pero sin recursos claros y autonomía real, quedará en una buena intención", comenta una académica de la Universidad de Concepción especializada en desarrollo regional.
En la derecha, la apuesta por la seguridad jurídica y el impulso a la inversión privada son bienvenidos, aunque existen dudas sobre el impacto fiscal de los subsidios y el aumento del salario mínimo. Algunos empresarios expresan preocupación por posibles rigideces laborales que podrían afectar la competitividad.
Un representante gremial del sector construcción señala: "Apoyamos la creación de empleo formal, pero hay que cuidar que las regulaciones no terminen encareciendo los proyectos y frenando la inversión".
Regiones y ciudadanía: expectativas y desafíos de inclusión
En regiones, la propuesta de obras públicas intensivas y la generación de empleo local han sido recibidas con esperanza, especialmente en zonas con altos índices de desempleo. Sin embargo, persisten inquietudes sobre la capacidad administrativa y la transparencia en la ejecución de estos proyectos.
Una dirigenta social del Biobío advierte: "Queremos que las promesas se traduzcan en trabajos reales y no en proyectos que se queden sólo en papeles".
Por otro lado, expertos en economía social llaman a considerar el impacto de la inflación y el costo de vida en la mejora del salario mínimo, recordando que un aumento sin un control inflacionario puede erosionar el poder adquisitivo.
Minería y transición energética: un equilibrio difícil
El programa también pone énfasis en la minería con bajo impacto ambiental y fuerte compromiso social, proponiendo beneficios tributarios para la pequeña y mediana minería y un innovador "Royalty por Innovación" para fomentar la manufactura de cobre de alto valor agregado.
Estas medidas buscan alinear el sector con los desafíos de la transición energética y la electromovilidad, pero enfrentan el desafío de equilibrar desarrollo económico, justicia ambiental y aceptación social.
Conclusiones: entre la ambición y la realidad
A casi tres meses de presentarse, el programa económico de Mayne-Nicholls se posiciona como una propuesta integral que busca reactivar la economía y generar empleo formal, con especial atención a las regiones y sectores estratégicos.
Sin embargo, la historia reciente de Chile muestra que las buenas intenciones requieren una implementación rigurosa y una gestión transparente para evitar frustraciones y desigualdades persistentes.
El éxito o fracaso de esta apuesta dependerá no sólo de las políticas diseñadas, sino también de la capacidad del Estado y los actores sociales para dialogar y construir acuerdos en un país marcado por la fragmentación política y las demandas sociales crecientes.
La tensión entre seguridad jurídica para inversionistas y justicia social para trabajadores y regiones será el escenario donde se definirá si estas promesas se traducen en una transformación palpable o quedan en el recuerdo de una campaña electoral.
Fuentes: Documentos oficiales del programa de Harold Mayne-Nicholls (agosto 2025), entrevistas con académicos y dirigentes sociales, análisis gremiales sectoriales, y reportes de medios nacionales.