
La Pintana, comuna del sur de Santiago, ha sido escenario durante los últimos meses de una sucesión de episodios violentos que evidencian un problema estructural que trasciende la criminalidad puntual y apunta a una crisis social profunda. Desde agosto hasta septiembre de 2025, se registraron al menos cuatro homicidios, múltiples asaltos violentos y operativos policiales que desarticularon redes de narcotráfico y actividades ilícitas, como un casino clandestino vinculado a robo de containers.
El 27 de agosto, un tiroteo dejó un fallecido y dos heridos tras más de 30 disparos contra un vehículo estacionado en avenida Observatorio. Apenas días después, el 7 de septiembre, un incendio afectó cinco viviendas y provocó una víctima fatal, agregando una dimensión más a la vulnerabilidad de esta comunidad.
El 8 y 10 de septiembre, nuevos asesinatos conmocionaron al barrio, con víctimas ultimadas a tiros dentro de sus hogares, mientras que el 17 de septiembre, un exjuez fue víctima de un violento asalto en su domicilio, donde seis delincuentes armados intimidaron a toda su familia y golpearon a su hijo. En esa ocasión, el exmagistrado lamentó no haber podido defenderse y abogó por el porte de armas para la autodefensa, una postura que refleja la desesperación de quienes sufren la inseguridad en carne propia.
El testimonio de un youtuber argentino, que recorrió la población Santo Tomás en La Pintana, ofreció una radiografía cruda y sin filtros de la realidad local. Un vecino resumió la situación: “Es uno de los lugares más peligrosos acá. Aquí hay pobreza, aquí es donde se forja uno, donde la gente sale a buscarse la vida. De buena forma, o de mala forma, todo es por dinero”. La frase resume la tensión constante entre la necesidad de sobrevivir y las consecuencias que esa lucha genera en la convivencia social. Otra vecina, con 40 años de residencia, confesó: “Aquí no tenemos paz, mi principal miedo es que yo esté aquí parada y me llegue un balazo. Es la realidad que vivimos”.
Estas voces reflejan un ambiente de tensa calma, donde la violencia está latente y la desconfianza entre vecinos y hacia las instituciones es palpable. La presencia de barristas y funerales de personajes ligados a la delincuencia subraya un entramado social complejo y difícil de desarticular.
Las autoridades han reaccionado con operativos policiales que han permitido la detención de bandas dedicadas al narcotráfico y el desmantelamiento de casinos clandestinos que servían para lavar dinero. Sin embargo, estos esfuerzos parecen ser parches temporales frente a un fenómeno que requiere políticas integrales.
El fiscal Rodrigo Moya confirmó que la Brigada de Homicidios de la PDI está a cargo de las investigaciones tras los asesinatos recientes, mientras que Carabineros reportó que el botín de algunos robos supera los cinco millones de pesos. Pero la comunidad sigue demandando respuestas que vayan más allá de la represión policial.
Desde la sociedad civil, organizaciones y vecinos plantean la necesidad de abordar las causas profundas: la pobreza, la falta de acceso a educación y empleo digno, y la ausencia de espacios de integración y desarrollo. La fragilidad del tejido social es un terreno fértil para la violencia y el crimen, y mientras no se intervenga desde una perspectiva multidimensional, el ciclo se perpetuará.
Los hechos concretos son inapelables: La Pintana enfrenta una crisis de seguridad que se manifiesta en asesinatos, asaltos y desastres como incendios que afectan a familias vulnerables. La narrativa oficial de operativos y detenciones no logra apaciguar la sensación de inseguridad ni atacar la raíz del problema.
La disonancia entre las demandas ciudadanas y las políticas públicas evidencia un desajuste que alimenta la frustración y la desesperanza. La llamada del exjuez a permitir el porte de armas para la autodefensa abre un debate incómodo sobre los límites entre seguridad, control social y derechos individuales.
En definitiva, La Pintana es hoy un escenario donde convergen tragedias humanas, fallas institucionales y la urgencia de un cambio que no solo detenga la violencia, sino que ofrezca una alternativa real a la exclusión y el desarraigo. La pregunta que queda flotando es si el Estado y la sociedad están dispuestos a enfrentar esa realidad con la profundidad y compromiso que exige, o si la comuna seguirá siendo un coliseo donde se libran batallas cotidianas con víctimas invisibilizadas y soluciones efímeras.