Ataques incendiarios en La Araucanía: cinco máquinas quemadas y la Ley Antiterrorista en juego
En la madrugada del sábado 23 de agosto de 2025, un nuevo capítulo de violencia sacudió la Región de La Araucanía. Cinco máquinas forestales —una motoniveladora, una retroexcavadora, un trineumático, un skinner y un twiinch— fueron incendiadas en una faena en el sector Corrales, entre Carahue e Imperial. Además, resultaron destruidos un carro de arrastre y un comedor de la empresa Territoria, donde el ataque tuvo lugar.
El trabajador que se encontraba en el lugar fue intimidado por tres sujetos encapuchados que lo obligaron a retirarse, mientras las llamas consumían la maquinaria. No se reportaron heridos ni se encontraron panfletos o reivindicaciones en el sitio.
Frente a este atentado, el Gobierno decidió dar un paso firme y presentó una querella invocando la Ley Antiterrorista. Desde el Ministerio de Seguridad Pública señalaron que esta acción busca enviar un mensaje claro: la violencia no será tolerada ni quedará impune.
Sin embargo, la reacción no ha sido unánime. Desde sectores políticos y sociales, las interpretaciones y críticas se multiplican:
- "Este tipo de ataques, aunque condenables, deben entenderse en el contexto histórico y social de la región", argumentan algunos líderes mapuche que llaman a buscar soluciones políticas y diálogo.
- Por otro lado, representantes del mundo empresarial y autoridades locales insisten en que la violencia afecta el desarrollo económico y la seguridad, y avalan el uso de herramientas legales estrictas para combatirla.
- Organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el uso de la Ley Antiterrorista, alertando sobre posibles excesos y la estigmatización de comunidades indígenas.
La Araucanía, epicentro de un conflicto que ha marcado la agenda nacional por años, vuelve a mostrar su complejidad. Este ataque se suma a una serie de eventos violentos que, en 2025, han dejado una sensación de escalada en la tensión social y política.
Las autoridades han reforzado la presencia policial y militar en la zona, mientras que la sociedad civil debate sobre las vías para alcanzar una paz duradera.
Conclusiones y consecuencias visibles:
Este atentado y la respuesta legal del Gobierno evidencian que el conflicto en La Araucanía sigue lejos de resolverse. La invocación de la Ley Antiterrorista pone en el centro la tensión entre seguridad y derechos civiles, mientras que la ausencia de reivindicaciones claras en el ataque dificulta la comprensión de sus motivaciones concretas.
La polarización entre las posturas —entre quienes priorizan la represión y quienes abogan por el diálogo y la reparación histórica— se intensifica, profundizando la disonancia cognitiva en la sociedad chilena.
El desafío para el país es encontrar un equilibrio que permita abordar las causas estructurales del conflicto sin sacrificar la justicia ni la convivencia pacífica. Mientras tanto, en La Araucanía, las llamas no solo consumen maquinaria, sino que avivan un fuego social que sigue ardiendo sin señales claras de apagarse.
Fuentes: Cooperativa.cl, La Tercera.