Acusación a Pardow en el Congreso: Un duelo político que desafía la transparencia y el tiempo electoral
Un escenario de tensión política y suspenso se instaló en el Congreso chileno esta semana, a diez días del balotaje presidencial que definirá al próximo mandatario. La acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow, por un error metodológico en la facturación eléctrica que generó un doble cobro inflacionario, ha puesto a prueba la capacidad de la Cámara de Diputados para ejercer su rol fiscalizador en medio de la vorágine electoral.
El lunes 17 de noviembre, la Comisión Revisora de la Cámara sesionó para votar el libelo acusatorio, pero se encontró con una inesperada ausencia de testigos clave: ejecutivos de las principales empresas eléctricas y el exdirector de la Comisión Nacional de Energía (CNE) no asistieron, algunos excusados y otros con justificaciones cuestionadas. Este hecho no solo encendió las alarmas sobre la disposición real del sector energético para colaborar en la investigación, sino que también tensó los ánimos entre los diputados.
El diputado Jaime Mulet (FRVS), presidente de la Comisión, expresó su molestia por la falta de transparencia y la dificultad para ubicar al exdirector de la CNE, Marco Antonio Mancilla. Además, reveló un nuevo antecedente que complejizó aún más el debate: un posible conflicto de intereses del exministro Pardow, vinculado a su Acuerdo de Unión Civil con una abogada socia del estudio que defendió a Transelec, empresa involucrada en el caso.Este elemento abrió un capítulo inesperado en la discusión, cuestionando la integridad y la transparencia en la gestión pública.
Desde la oposición de derecha, las voces fueron unánimes en presionar por una votación rápida del libelo, argumentando la urgencia de dar una señal clara en medio de las elecciones. Sin embargo, Mulet optó por un camino más prudente: escuchar primero la defensa del exministro, representada por el abogado Francisco Cox, para garantizar el derecho a defensa y evitar decisiones apresuradas."Por ahora la respuesta es no; en la tarde lo pensaré", declaró Mulet, dejando abierta la posibilidad de votar el mismo lunes.
El propio Pardow, en su respuesta escrita a la acusación, defendió la decisión de no revelar públicamente el error en 2024, argumentando que hacerlo sin información clara habría generado una alarma pública injustificada y podría haber comprometido el interés nacional. También negó tener facultades para modificar el cálculo tarifario y cuestionó la falta de mecanismos legales para una autodenuncia formal.Además, afirmó que el impacto económico directo en los usuarios fue marginal y que la mayoría del sobreprecio quedó encapsulado en documentos financieros futuros.
Desde otro ángulo, la acusación, presentada por las bancadas de la UDI y RN, sostiene que Pardow incurrió en negligencia administrativa y omisión de transparencia, especialmente tras la alerta temprana de Transelec. La ausencia de una autodenuncia y la pasividad en la búsqueda de soluciones son puntos centrales del reproche.
En el Congreso, este episodio ha desatado una disonancia cognitiva entre quienes priorizan la urgencia política y los que optan por el rigor procesal y la defensa técnica. La coyuntura electoral añade presión, pero también invita a reflexionar sobre la calidad del debate público y la profundidad del escrutinio político.
La disputa en la Comisión Revisora no solo refleja un choque de intereses y posturas políticas, sino que también pone en evidencia las limitaciones institucionales para abordar casos complejos en tiempos de campaña. La falta de claridad sobre la responsabilidad directa, el manejo de información sensible y la influencia de factores personales en la gestión pública configuran un escenario donde la verdad se construye en medio de la confrontación y la estrategia.
A diez días del balotaje entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, la votación sobre la acusación a Pardow simboliza un microcosmos del país: un terreno donde la política, la justicia y la opinión pública se entrelazan en una pugna que trasciende el caso específico para interrogar la calidad de la democracia chilena.
La sesión del lunes 17 terminó sin votación definitiva, pero con un ambiente cargado de expectativas y tensiones. La defensa de Pardow se escuchará, pero la sombra del conflicto de intereses y la presión política condicionan el desenlace. El resultado no solo afectará la carrera política y académica del exministro, sino que también marcará un precedente sobre cómo Chile enfrenta la rendición de cuentas en la administración pública en tiempos electorales.
Fuentes consultadas: Diario Financiero, La Tercera, declaraciones oficiales del Congreso, y análisis de expertos en derecho constitucional y políticas públicas.