Ucrania endurece sanciones por evasión del reclutamiento militar: un conflicto interno que refleja la crisis bélica y social

Un país en guerra, una sociedad al borde del agotamiento. En agosto de 2025, el Gobierno ucraniano promulgó una ley que endurece las sanciones contra los hombres en edad militar que intenten evadir el reclutamiento obligatorio. Esta medida, que va desde multas económicas hasta penas de cárcel de hasta tres años, ha desatado un debate intenso tanto dentro como fuera de Ucrania, en medio de un conflicto que ya lleva más de tres años y que ha dejado cicatrices profundas en la estructura social del país.

La cronología de una medida desesperada

Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, Ucrania ha enfrentado crecientes dificultades para mantener la movilización de sus fuerzas armadas. Según reportes oficiales, las autoridades fronterizas detuvieron a casi 43.000 hombres en edad de reclutamiento intentando salir del país de forma irregular. Esta realidad llevó al Gobierno de Volodimir Zelenski a presentar un proyecto de ley que no solo mantiene las multas, sino que añade penas de prisión para quienes evadan el servicio militar.

Además, la ley contempla sanciones para militares que permanecen irregularmente en el extranjero, con penas que pueden llegar hasta cinco años de cárcel, aunque permite exenciones si regresan voluntariamente y denuncian su situación dentro de un plazo de tres meses.

Voces enfrentadas: patriotismo versus desesperación

Desde una perspectiva gubernamental y oficial, 'la ley es necesaria para sostener la defensa nacional frente a la agresión rusa', según declaraciones del Ministerio de Defensa ucraniano. Para ellos, la cohesión y el compromiso de la sociedad son claves para resistir y preservar la soberanía.

Sin embargo, en el terreno social, la medida ha profundizado las divisiones. Sectores críticos denuncian que 'la ley criminaliza la desesperación de jóvenes que buscan sobrevivir en un conflicto que parece interminable', según activistas de derechos humanos y organizaciones civiles internacionales.

En regiones afectadas directamente por la guerra, la presión social y familiar se intensifica. Muchas familias viven entre el miedo al reclutamiento forzoso y la incertidumbre sobre el futuro de sus hijos. La evasión no es solo una cuestión legal, sino un acto cargado de dilemas éticos y existenciales.

Consecuencias visibles y dilemas futuros

La implementación de esta ley no ha logrado frenar completamente la evasión, pero sí ha aumentado la tensión social y ha generado un aumento en los procesos judiciales relacionados con el reclutamiento. En el plano internacional, la medida ha sido vista con preocupación por organismos de derechos humanos, que advierten sobre la posible criminalización de la resistencia civil en contextos de conflicto armado.

Para Ucrania, la ley representa un síntoma más de una guerra que no solo se libra en el campo de batalla, sino también en la sociedad misma. El desafío para el Gobierno será equilibrar la necesidad de defensa con el respeto a los derechos individuales y la cohesión social.

Constataciones finales

Queda claro que la ley refleja una realidad ineludible: la guerra ha desgastado las estructuras sociales y políticas de Ucrania hasta niveles críticos. La criminalización de la evasión del reclutamiento es, en esencia, una respuesta desesperada a un conflicto que ha puesto en jaque no solo la seguridad nacional, sino la propia integridad social.

Este episodio invita a reflexionar sobre las tensiones entre Estado y ciudadanía en tiempos de guerra, y sobre cómo las políticas de seguridad pueden afectar el tejido social y los derechos humanos en momentos de crisis prolongada.

Fuentes consultadas incluyen reportes de La Tercera, RBC, y análisis de organizaciones internacionales de derechos humanos.