Un hambre que no es solo ausencia de alimentos, sino la manifestación extrema de un conflicto que se ha ido cocinando a fuego lento. El 22 de agosto de 2025, la ONU declaró oficialmente la hambruna en la gobernación de Gaza, ubicándola en la fase 5 de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC), la más grave posible. Esta decisión no fue un acto aislado, sino la culminación de meses de bloqueo, ofensivas militares y un colapso sistemático de los servicios básicos que, en conjunto, han puesto a la población gazatí al borde del abismo.
La hambruna, calificada por la ONU como "creada por el hombre", ha sido el resultado de un bloqueo que impide la entrada de alimentos, agua y medicinas, sumado a la destrucción de infraestructuras esenciales. António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, describió la situación como un "infierno" y un "fracaso para toda la humanidad". Las cifras son devastadoras: más del 20% de los hogares no tienen acceso a alimentos, y más del 30% de los niños menores de cinco años sufren desnutrición aguda.
Sin embargo, la tragedia no ha sido recibida con un consenso global. Mientras organismos humanitarios insisten en un alto el fuego inmediato para permitir la entrada de ayuda, actores políticos internacionales mantienen posturas encontradas. Algunos gobiernos respaldan la ofensiva israelí como una cuestión de seguridad nacional, minimizando las consecuencias humanitarias, mientras que otros condenan el bloqueo y exigen acciones urgentes para proteger a la población civil.
Desde Tel Aviv, el gobierno israelí sostiene que la restricción de suministros es una medida necesaria para debilitar a grupos armados en Gaza, argumentando que la seguridad nacional debe primar. "No podemos permitir que la ayuda llegue a quienes la usan para fortalecer su aparato bélico", declararon fuentes oficiales. En contraste, organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos denuncian que esta estrategia viola el Derecho Internacional Humanitario y que la población civil paga el precio más alto.
En la región latinoamericana, la reacción ha sido mayoritariamente crítica hacia la postura israelí, destacando la responsabilidad de la comunidad internacional para mediar y garantizar la protección de los derechos humanos. Sin embargo, también emergen debates sobre la efectividad de las sanciones y bloqueos como herramientas de presión política.
Desde agosto hasta noviembre, el deterioro en la salud pública de Gaza es palpable: hospitales saturados, aumento de enfermedades asociadas a la desnutrición y desplazamientos masivos hacia zonas menos afectadas, aunque igualmente vulnerables. La crisis ha puesto en evidencia la fragilidad de los sistemas humanitarios en contextos de conflicto prolongado y la dificultad para implementar soluciones que conjuguen seguridad y derechos humanos.
La hambruna en Gaza no es un fenómeno aislado ni accidental; es el resultado de decisiones políticas, estrategias militares y omisiones internacionales. Su reversión dependerá no solo del cese de hostilidades, sino de un compromiso real y sostenido para reconstruir las estructuras de vida y dignidad de una población atrapada en la tragedia.
En definitiva, la historia de Gaza nos enfrenta a una pregunta incómoda: ¿cómo equilibrar la legítima seguridad de los Estados con la obligación ineludible de proteger la vida y derechos de los civiles? La respuesta, aún esquiva, marcará el futuro no solo de esta región, sino del respeto a los derechos humanos en escenarios de conflicto contemporáneos.
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Fuentes: Naciones Unidas, declaraciones de António Guterres, informes de organizaciones de derechos humanos, análisis políticos internacionales.