
Entre el 12 y el 17 de noviembre de 2025, un paro de pilotos de Latam Airlines sacudió el sistema aéreo nacional, dejando a cerca de 173 vuelos cancelados y alrededor de 20.000 pasajeros afectados. La movilización, que se extendió por cinco días, evidenció con crudeza las debilidades de la comunicación y la gestión de la empresa frente a una crisis laboral que trascendió el ámbito sindical para impactar directamente en la experiencia ciudadana.
Helga Kohnenkamp, chilena residente en Italia, narró su odisea tras la cancelación de su vuelo, denunciando que la aerolínea se limitó a enviar un mensaje por WhatsApp informando la suspensión, sin ofrecer canales claros para resolver la situación. “Ni una comunicación más. Después mis hijas en Milán comenzaron a moverse porque no contestaban. Me ofrecieron viajar la misma noche, pero luego cancelaron de nuevo el vuelo. Me cambiaron a Iberia con horarios absurdos y escalas innecesarias”, relató a Cooperativa.cl. Su experiencia, lejos de ser un caso aislado, se replicó en miles de pasajeros que enfrentaron incertidumbre y desinformación.
Desde el punto de vista legal, el académico Juan Ignacio Contardo, de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, explicó las opciones que tienen los pasajeros ante una denegación de embarque: embarcar en el siguiente vuelo disponible, solicitar reembolso o, en casos con escalas, regresar al punto de origen. Sin embargo, advirtió que la vía judicial o la invocación de la Ley de Protección al Consumidor puede ser un proceso largo y desgastante para los afectados.
Este paro no solo puso en tensión la relación entre trabajadores y empresa, sino que también abrió un debate más amplio sobre la responsabilidad corporativa y el derecho de los usuarios. Para los sindicatos, la movilización era necesaria para visibilizar demandas laborales históricas, mientras que para la empresa, la paralización representó un golpe a su imagen y rentabilidad, en un contexto ya marcado por la competencia internacional y la volatilidad económica.
Desde la perspectiva regional, aeropuertos secundarios y rutas internas sufrieron con mayor intensidad las cancelaciones, afectando la conectividad y el turismo local. Mientras tanto, en Santiago, la capital, la congestión y la sobreventa de vuelos alternativos evidenciaron la falta de protocolos robustos para enfrentar contingencias de esta magnitud.
La ciudadanía, por su parte, se encontró atrapada entre la defensa de los derechos laborales y la exigencia de un servicio eficiente y digno. Las redes sociales se inundaron de quejas, pero también de reflexiones sobre la precariedad de los sistemas que sustentan el transporte aéreo.
A cinco días del inicio del paro, y con nuevas jornadas anunciadas hasta el 20 de noviembre, la situación permanece tensa. La empresa asegura haber informado a los pasajeros, aunque la experiencia práctica demuestra que la comunicación sigue siendo un punto crítico.
En definitiva, este episodio confirma que la industria aérea chilena enfrenta un desafío estructural: equilibrar la legitimidad de las demandas laborales con la garantía de derechos de los usuarios, en un marco donde la transparencia y la planificación son esenciales para evitar que la tragedia sea siempre para el pasajero. La crisis Latam no es solo un conflicto puntual, sino un espejo que refleja la necesidad de repensar las relaciones laborales, la gestión empresarial y la protección al consumidor en el Chile contemporáneo.