Acusación constitucional a Pardow: la demora que revela más que un simple retraso
Un telón que se corre con lentitud. El 17 de noviembre de 2025, la sesión de la comisión revisora de la acusación constitucional contra Diego Pardow, exministro de Energía, fue postergada por la ausencia de la mayoría de sus integrantes. Solo el presidente de la comisión, Jaime Mulet (FRVS), y Sergio Bobadilla (UDI) estuvieron presentes, mientras que Carmen Hertz (PC) faltó por motivos médicos y otros dos diputados excusaron su inasistencia por problemas de vuelos en medio de una huelga aérea. Mulet reconoció que los problemas en el transporte complicaron la convocatoria, pero no descartó que existieran otras razones políticas detrás.
Este retraso no es un simple tropiezo logístico. En el escenario político se despliegan tensiones que van más allá de la agenda técnica. La acusación, que apunta a una supuesta infracción al deber de probidad administrativa por un error en el cálculo de tarifas eléctricas que afectó a consumidores con un cobro extra de US$ 115 millones, ha encendido un debate que confronta responsabilidades, competencias y narrativas.
Desde la oposición, la acusación es un mecanismo para exigir cuentas claras y sancionar lo que consideran un manejo negligente de un asunto sensible para el bolsillo ciudadano. “La responsabilidad política y administrativa debe ser clara, especialmente cuando hay un impacto directo en las tarifas que pagan las familias,” señala un diputado opositor consultado.
En contraste, el equipo legal de Pardow ha insistido en que el exministro no tenía facultades técnicas ni legales para modificar los cálculos tarifarios, tarea que corresponde exclusivamente a la Comisión Nacional de Energía. Francisco Cox, abogado defensor, ha enfatizado que la acusación se basa en una interpretación errada de las competencias ministeriales.
La ausencia de las empresas eléctricas invitadas a exponer en la comisión añade otra capa de complejidad. Su silencio público y la falta de participación en la instancia han sido interpretados como un acto de distancia o incluso de protección hacia el exministro, generando suspicacias sobre la transparencia y el diálogo entre actores clave en la política energética.
Regionalmente, el episodio ha resonado en las zonas más afectadas por el incremento tarifario, donde organizaciones sociales y consumidores han expresado su molestia y desconfianza hacia las instituciones. Una dirigenta vecinal de la Región del Biobío afirmó que “este juego político nos deja a nosotros pagando la cuenta, mientras ellos se esconden tras excusas y retrasos”.
Mientras tanto, en el Congreso, la postergación ha abierto un espacio para la reflexión sobre la eficacia de los mecanismos de control político y la responsabilidad de los parlamentarios en cumplir con sus funciones, especialmente en momentos de alta sensibilidad ciudadana.
La sesión quedó reprogramada para el 18 de noviembre a las 10:30 horas, con la expectativa de que esta vez la comisión pueda avanzar en la votación de su informe. Sin embargo, el episodio ha dejado en evidencia la fragmentación y las tensiones que atraviesan la política chilena, donde la disputa por la verdad y la justicia se entrelaza con estrategias de poder y tiempos políticos.
En conclusión, este retraso no es solo un hecho administrativo sino un reflejo de la compleja trama que envuelve la acusación a Pardow: una mezcla de cuestionamientos técnicos, responsabilidades políticas y expectativas ciudadanas que aún están lejos de resolverse. La historia que se escribe en esta comisión será, sin duda, un termómetro del estado de la política y la democracia chilena en tiempos convulsos.