
Un accidente que dejó cicatrices profundas en la división El Teniente de Codelco no solo marcó un antes y un después en la operación minera más grande del país, sino que también puso en jaque el delicado equilibrio entre la producción y la seguridad laboral. El 31 de julio de 2025 ocurrió el accidente que paralizó sectores clave de la mina, y a la fecha, las consecuencias económicas y sociales siguen desplegándose con fuerza.
Hace siete días, Codelco proyectó pérdidas por US$300 millones, cifra que esta semana se elevó a US$340 millones, según informó el presidente ejecutivo Rubén Álvarado ante la Comisión de Minería y Energía del Senado. Esta actualización obedece a una menor producción estimada en 33.000 toneladas métricas de cobre fino para el año 2025, además de una caída de US$233 millones en el margen por venta de cobre y menores gastos variables por US$88 millones.
No solo los números reflejan el impacto. Los gastos fijos por la detención de sectores afectados y de la concentradora también se contabilizan, sumando una carga adicional para la estatal. La magnitud del golpe económico ha generado preocupación en distintos sectores, pero también ha puesto en el centro del debate la forma en que se está gestionando la recuperación.
Codelco ha implementado un "Plan de Retorno Seguro y Gradual" para reactivar las operaciones en las zonas no impactadas. Este plan incluye respaldos técnicos, jornadas de reflexión al inicio de cada turno y chequeos exhaustivos de habitabilidad en la mina, incluyendo refugios y vías de evacuación. Estas medidas cuentan con la validación del Sernageomin y la Dirección del Trabajo, organismos claves en la supervisión minera.
Mauricio Barraza, vicepresidente de operaciones, destacó que "se están garantizando todas las medidas y condiciones que resguardan la seguridad de las personas y la estabilidad de las infraestructuras críticas". Por su parte, Máximo Pacheco, presidente del directorio, sentenció que 'en Codelco no existe dilema entre producción y seguridad', enfatizando que la recuperación será paulatina y rigurosa.
Sin embargo, no todos comparten esta visión con igual énfasis. Desde sindicatos y organizaciones de trabajadores, se ha expresado preocupación por la presión implícita para retomar niveles productivos que podrían poner en riesgo la seguridad. Una dirigente sindical señaló que "la seguridad no puede ser un discurso; debe traducirse en condiciones reales y verificables para quienes bajamos a la mina".
En contraste, sectores empresariales y algunos analistas económicos enfatizan la importancia de la recuperación rápida para evitar un impacto mayor en la economía nacional, dada la relevancia del cobre como motor del país.
Lo ocurrido en El Teniente y su gestión posterior evidencian una tensión histórica en la minería chilena: la necesidad de mantener la producción frente a la prioridad irrenunciable de proteger la vida y la integridad de los trabajadores.
La tragedia y sus secuelas han dejado claro que los protocolos de seguridad deben ser revisados y reforzados continuamente, y que la transparencia en la comunicación con todos los actores es fundamental para evitar fracturas sociales y laborales.
Chile enfrenta, así, un momento crucial para definir no solo cómo se recupera una mina, sino cómo se construye una minería más segura y sostenible para el futuro, donde las pérdidas económicas no sean el único indicador de éxito o fracaso.
Fuentes consultadas: declaraciones oficiales de Codelco, reportes del Senado, Sernageomin, Dirección del Trabajo, voces sindicales y análisis económicos publicados en La Tercera y medios especializados.