Fracasa sesión de acusación constitucional contra Pardow: el quórum que no llegó y la defensa que divide
El escenario estaba listo para un enfrentamiento decisivo. El lunes 17 de noviembre de 2025, la Comisión Revisora de la acusación constitucional contra Diego Pardow, exministro de Energía, no pudo sesionar por falta de quórum, aplazando la votación para el martes siguiente. La ausencia masiva de parlamentarios, en medio de una huelga aérea que complicó los desplazamientos, dejó a la oposición y oficialismo en un pulso sin definición inmediata.
Pardow, que llegó al Congreso para la sesión tras haber faltado en días previos, se defendió con vehemencia ante la prensa. Negó cualquier irregularidad en el vínculo de su pareja con Transelec, empresa involucrada en el caso, y aseguró que sus declaraciones de intereses y patrimonio se realizaron con estricto apego a la ley. “No hay ninguna irregularidad al respecto”, afirmó.
La acusación se basa en dos capítulos: primero, un supuesto error en la interpretación del sistema tarifario eléctrico y el rol de la autoridad política frente a la técnica; segundo, información errónea vinculada a Transelec que derivó en procesos administrativos públicos. Pardow sostuvo que la acusación es “falsa” y que la responsabilidad política no corresponde intervenir en procedimientos regulatorios independientes.
El presidente de la Comisión Revisora, Jaime Mulet, denunció un posible conflicto de interés por la relación laboral de la pareja de Pardow con el estudio que defendió a Transelec en tribunales. Pardow replicó que esa información fue declarada oportunamente, y que las imputaciones carecen de fundamento.
La falta de quórum, con solo dos diputados presentes, fue atribuida a problemas logísticos derivados de una huelga aérea y a licencias médicas. Mulet advirtió que una eventual nueva ausencia sería “una situación anormal de irresponsabilidad compleja constitucionalmente”, y que en ese caso la decisión debería pasar a la sala del Congreso.
Este episodio se inscribe en un contexto de creciente polarización y desgaste institucional, donde la política chilena parece atrapada en ciclos de acusaciones, defensas y bloqueos. Para algunos sectores del oficialismo, la acusación es una herramienta legítima para fiscalizar a exministros y transparentar la gestión pública. Para otros, es un mecanismo instrumentalizado con fines políticos que diluye responsabilidades técnicas en debates partidistas.
Los analistas coinciden en que, más allá del resultado inmediato, este caso revela la fragilidad del sistema político para dirimir disputas complejas sin caer en la parálisis y el desgaste público. La defensa de Pardow, que insiste en la legalidad y transparencia de sus actos, choca con la desconfianza ciudadana y la presión política para sancionar errores que afectan servicios básicos como la electricidad.
El martes 18 de noviembre se espera la votación que definirá si la acusación avanza o se archiva. La jornada será una prueba de fuego para la capacidad de los parlamentarios de actuar con responsabilidad y rigor, en medio de un escenario donde las tensiones políticas se mezclan con demandas ciudadanas por mayor transparencia y justicia.
En definitiva, el caso Pardow no es solo un episodio más en la agenda política, sino un espejo de las dificultades que enfrenta Chile para equilibrar la técnica, la política y la ética en la gestión pública, y para construir consensos en un momento de alta fragmentación social y partidaria.