Colombia tras la absolución de Álvaro Uribe: un país dividido y un sistema judicial en jaque
El 21 de octubre de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá emitió un fallo que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los cargos por soborno a testigos y fraude procesal, sentenciados inicialmente a 12 años de prisión domiciliaria. Este giro judicial ha reconfigurado el escenario político colombiano y ha desatado una tormenta de reacciones que aún resuenan casi un mes después.
El proceso, que comenzó en 2018 tras una denuncia de Uribe contra el senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos, se transformó en una investigación contra el expresidente por esos mismos delitos. La jueza de primera instancia, Sandra Heredia, condenó a Uribe en agosto de 2025, pero la segunda instancia cambió radicalmente el rumbo del caso.
Desde la derecha, la absolución es celebrada como una victoria de la justicia y un impulso electoral de peso para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. “Este fallo es un bálsamo para la democracia y un reconocimiento a la inocencia de Álvaro Uribe”, afirmó un vocero del Centro Democrático, partido fundado por Uribe, que ya anunció su candidatura al Senado. Para ellos, la decisión fortalece la unidad y la estrategia para derrotar al gobierno de Gustavo Petro, a quien califican de “neocomunista”.
En contraste, la izquierda y sectores sociales críticos ven en la absolución una afrenta a la justicia y un intento por silenciar las denuncias sobre vínculos entre la política y grupos paramilitares. “Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia”, denunció el senador Iván Cepeda, quien fue víctima reconocida en el proceso y anunció que interpondrá un recurso de casación ante la Corte Suprema. Para ellos, el fallo refleja la persistente influencia de intereses políticos en las decisiones judiciales y la fragilidad del sistema.
El presidente Gustavo Petro, quien ha impulsado reformas profundas en justicia, salud y educación, calificó la decisión como un retroceso y convocó a la ciudadanía a movilizarse para exigir un cambio estructural. “El Tribunal repite la historia y protege a quienes han manipulado la justicia”, afirmó, llamando a la plaza Bolívar para iniciar la recolección de firmas para un poder constituyente.
Este episodio ha puesto en evidencia las tensiones profundas que atraviesan el sistema judicial colombiano, donde la interpretación de pruebas y la imparcialidad de jueces y fiscales están bajo escrutinio público. La disparidad entre la condena inicial y la absolución ha generado incertidumbre jurídica y alimenta la percepción de que la justicia depende de las manos que la administran.
Además, el caso ha tenido un impacto directo en la política electoral. La posible participación de Uribe en el Senado sigue siendo un tema controvertido, con denuncias preliminares y cuestionamientos sobre su elegibilidad. La derecha, sin embargo, apuesta a que su liderazgo movilice millones de votos, mientras la izquierda busca capitalizar la condena para fortalecer su base.
En conclusión, la absolución de Álvaro Uribe no cierra el capítulo, sino que abre nuevas disputas políticas y judiciales en Colombia. El proceso continúa en la Corte Suprema, y la polarización social se profundiza en torno a la legitimidad del sistema y el futuro político del país. La historia judicial que parecía llegar a su fin se reinventa, dejando a Colombia en un escenario de incertidumbre y confrontación, donde la justicia y la política se entrelazan en una trama compleja que seguirá definiendo el rumbo nacional en los próximos años.