Jadue y la política en jaque: la caída del exalcalde del núcleo comunista y sus últimas maniobras electorales

Daniel Jadue, otrora figura emblemática del Partido Comunista (PC) y excandidato presidencial, enfrenta un declive político que ya no solo es simbólico sino tangible: fue removido el 4 de noviembre de la comisión política del PC, el núcleo duro de poder de la colectividad, tras quedar inhabilitado para sufragar debido a una acusación formal por delitos de corrupción vinculados al caso Farmacias Populares.

Este episodio no es un simple trámite administrativo. Jadue está formalizado por estafa, cohecho, fraude al fisco y delito concursal, con una petición de pena que supera los 18 años de cárcel. La gravedad de las imputaciones y las medidas cautelares que enfrenta —arresto domiciliario— le han significado quedar fuera del Congreso y ahora también del espacio decisorio de su partido.

Un golpe simbólico y político

La exclusión de Jadue de la comisión política, que incluye a figuras como la ministra Camila Vallejo y el senador Daniel Núñez, marca un antes y un después para el PC. No es solo la pérdida de un espacio de poder, sino la fractura abierta en un partido que ha tenido en Jadue a uno de sus nombres más influyentes en la última década.

“Aunque su retiro responde a un factor procedimental, es un duro golpe para la colectividad”, señala un analista político consultado, que observa cómo el PC ahora debe redefinir su liderazgo y estrategia electoral sin su exalcalde al frente.

La batalla judicial y electoral

A pesar de esta caída, Jadue no se rinde. El 29 de octubre presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago para revertir la exclusión del padrón electoral y recuperar su candidatura a diputado por el Distrito 9. Argumenta que la reapertura de su caso judicial y la nueva condición de imputado (en lugar de acusado) le permitirían volver a la papeleta.

Sin embargo, expertos legales son escépticos. El abogado Marcelo Brunet, que impugnó su candidatura, califica esta maniobra como un “intento desesperado”, y otros juristas advierten que los plazos legales son acotados y la probabilidad de éxito baja.

Perspectivas encontradas

- Desde el PC, su sucesor en la alcaldía de Recoleta, Fares Jadue, sostiene que mientras no exista una acusación formal definitiva, los derechos políticos de Daniel no están en juego y que la ciudadanía debe ser la que decida en las urnas.

- Desde la oposición, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sostiene que la exclusión no es un complot político sino una consecuencia legal: “él no es candidato porque está acusado, no por la UDI”. Además, Ramírez se trasladó al mismo distrito para disputar el escaño que Jadue pretendía.

- En el ámbito jurídico, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) ha ratificado la inhabilidad de Jadue para postular, basándose en la Constitución que suspende el derecho a sufragio a personas acusadas por delitos que merecen pena aflictiva.

Consecuencias y reflexiones finales

Este caso desnuda un entramado complejo donde la justicia, la política y la institucionalidad se cruzan con consecuencias imprevisibles:

- La lentitud de la Fiscalía en resolver casos emblemáticos ha provocado que procesos judiciales de larga duración afecten directamente la vida política y electoral.

- La figura de Jadue, con fuero parlamentario en caso de ser electo, abre un escenario inédito donde la política puede proteger temporalmente a un imputado de prisión, generando disonancias en la percepción ciudadana y en la institucionalidad.

- La disputa electoral en el Distrito 9, tradicional bastión de izquierda, se ha convertido en un campo de batalla simbólico y estratégico, con la oposición buscando aprovechar la crisis del PC.

En definitiva, el declive de Jadue es también un espejo de las tensiones que atraviesan la política chilena contemporánea: la mezcla explosiva entre procesos judiciales prolongados, la lucha por el poder partidario y las estrategias electorales que se juegan en un escenario cada vez más polarizado y judicializado.

Los próximos meses serán decisivos para definir no solo el futuro político de Daniel Jadue, sino también la capacidad de las instituciones chilenas para manejar con equilibrio y justicia casos que cruzan la esfera pública y privada, y para que la ciudadanía pueda finalmente emitir un juicio informado y reflexivo sobre sus representantes.