
Desde la localidad de Labranza, un lugar marcado por la tragedia de la familia Luchsinger Mackay en 2013, José Antonio Kast desplegó su campaña de segunda vuelta con un discurso que no escatima en dureza ni en símbolos. El 17 de noviembre de 2025, el candidato del Partido Republicano sostuvo que la región de La Araucanía ha sido víctima de terrorismo, violencia y ahora también del crimen organizado e inmigración irregular. Su llamado a la ciudadanía fue claro: recuperar la paz mediante una estrategia de seguridad férrea, que incluye encarcelar de por vida a los responsables de atentados y realizar operativos "sin avisar".
Este acto político no solo busca consolidar su base en la Macrozona Sur, donde obtuvo porcentajes superiores al 40% en comunas como Tirúa y Contulmo, sino que también pone en escena un choque frontal con la gestión actual del gobierno, al que acusa de fracaso y abandono en materia de seguridad. "No queremos más gobiernos fracasados que prometieron seguridad y nos dejaron más violencia", afirmó Kast.
Sin embargo, el panorama es más complejo. Las cifras oficiales del Ministerio de Seguridad indican que desde la instauración del estado de excepción en mayo de 2022, los eventos de violencia rural disminuyeron un 33% respecto al año anterior y en un 80% si se compara con 2021. Más de 651 mil controles policiales y 1.381 detenciones han sido realizados en este periodo, con apoyo militar y respaldo legislativo.
Desde la perspectiva del gobierno y sectores oficialistas, estos avances son un paso hacia la estabilización, aunque reconocen que el camino hacia una paz duradera es aún incierto. Por otro lado, comunidades mapuche y organizaciones sociales denuncian que la militarización y la mano dura no abordan las raíces del conflicto, que incluyen demandas territoriales históricas y la necesidad de diálogo intercultural.
Rodolfo Carter, senador electo y aliado de Kast, sostiene que la seguridad es el eje para el desarrollo y que la impunidad ha sido un combustible para la violencia. Mientras tanto, voces críticas recuerdan que la violencia también afecta a personas dentro de las mismas comunidades originarias, poniendo en evidencia la complejidad del fenómeno y la imposibilidad de reducirlo a un solo factor.
Este episodio en La Araucanía se convierte así en un espejo de las tensiones políticas y sociales que atraviesan Chile. La campaña de Kast no solo confronta al gobierno, sino que también desafía a la ciudadanía a elegir entre modelos de seguridad y convivencia profundamente distintos.
En definitiva, la verdad que emerge es que la violencia en la Macrozona Sur no se resuelve con discursos unilaterales ni con promesas de mano dura sin contexto. La reducción de incidentes en los últimos años muestra avances, pero la persistencia de heridas históricas y la diversidad de actores implicados exigen soluciones integrales y diálogo genuino. La campaña de Kast, con su énfasis en la seguridad, pone en evidencia la tensión entre la urgencia de orden público y la necesidad de justicia social, un dilema que seguirá definiendo el futuro del conflicto en la región.
2025-11-15