
El ocaso de una figura emblemática en el Partido Comunista (PC) chileno ha reconfigurado no solo la estructura interna de la colectividad, sino también el escenario político nacional. El 5 de noviembre de 2025, Daniel Jadue fue removido del padrón de militantes del PC debido a su suspensión de derechos políticos, consecuencia directa de la formalización judicial que enfrenta por delitos relacionados con fraude al fisco, cohecho y estafa. Este hecho, que podría parecer un trámite administrativo, se ha convertido en un símbolo de las profundas tensiones que conviven en la izquierda chilena y que reflejan dilemas mayores sobre la relación entre identidad partidaria, legitimidad política y procesos judiciales en curso.
Desde mayo de 2024, cuando se formalizó a Jadue por presuntas irregularidades en la gestión de farmacias populares durante la pandemia, su figura ha estado bajo una lupa pública y política. En septiembre de 2025, el Tribunal Calificador de Elecciones suspendió sus derechos políticos, lo que motivó la eliminación automática de su militancia en el PC. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó penas que suman hasta 18 años de cárcel, acusándolo de delitos consumados.
En este contexto, Jadue ha mantenido una postura firme: "Comunista siempre, con o sin registro", declarando que la militancia no se limita a un nombre en un padrón, sino que es una convicción histórica y política. Su mensaje ha sido acompañado por expresiones de solidaridad de sectores del partido y seguidores, que ven en su situación un episodio de persecución política.
Este episodio ha sacado a la luz las disputas internas del PC. Lautaro Carmona, presidente del partido, ha defendido públicamente la candidatura de Jadue al Congreso en medio del proceso judicial, argumentando su inocencia y cuestionando la desproporción mediática y judicial que habría sufrido. "Nosotros tenemos absoluta convicción política de que él es inocente de los cargos", afirmó Carmona, y sostuvo que la medida cautelar no debería impedir su participación electoral.
Por otro lado, Jeannette Jara, candidata presidencial y también militante del PC, adoptó una postura crítica, señalando que Jadue debería concentrarse en su defensa judicial y evitar costos políticos para la coalición. "Yo me habría dedicado a defenderme en tribunales", dijo en un matinal, enfatizando que la prioridad debe ser resolver la situación judicial antes que la política. Este desencuentro refleja la tensión entre la defensa de la identidad partidaria y la percepción pública de legitimidad en un escenario electoral.
En barrios como Recoleta, donde Jadue fue alcalde y construyó su base política, la noticia de su exclusión del PC ha generado sentimientos encontrados. Sectores populares valoran su legado en la gestión municipal y las farmacias populares, mientras que otros manifiestan preocupación por el desgaste que su proceso judicial puede generar en la izquierda.
En regiones, el debate se ha extendido más allá del PC, evidenciando una fractura entre quienes priorizan la presunción de inocencia y quienes demandan mayor transparencia y responsabilidad política. Este fenómeno no es exclusivo del comunismo chileno, sino que refleja un desafío global en la relación entre justicia, política y opinión pública.
Este episodio confirma que la política chilena enfrenta un momento de alta complejidad, donde la judicialización de figuras públicas no solo afecta carreras individuales sino que también tensiona la cohesión interna de los partidos. La exclusión de Jadue del PC, más allá de un acto administrativo, simboliza el choque entre convicciones históricas y exigencias contemporáneas de transparencia y ética.
La disputa entre Carmona y Jara no se resolverá fácilmente, pues encarna dos maneras distintas de entender la militancia y la política en tiempos de crisis. En última instancia, la ciudadanía observa con atención cómo estas tensiones impactarán en la capacidad del PC para mantener su relevancia electoral y social.
La historia de Jadue y el Partido Comunista seguirá siendo un caso de estudio sobre los límites entre la identidad política y las consecuencias legales, en un Chile que busca reconciliar justicia, democracia y representación popular.