Acusación constitucional a Diego Pardow: un choque entre política, técnica y responsabilidad pública

El error en el cálculo de las tarifas eléctricas que provocó un aumento injustificado en las cuentas de luz ha derivado en una acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow. Detectado inicialmente en septiembre de 2024, el problema se extendió en el tiempo y afectó a cerca de 7,5 millones de clientes, con un alza acumulada cercana al 70% en el costo de la energía. La controversia no solo ha puesto en jaque la gestión técnica del ministerio, sino que ha desatado un pulso político que refleja las tensiones entre responsabilidad técnica, manejo político y efectos electorales.

La cronología de la crisis

El 4 de septiembre de 2024, Pardow fue informado en una reunión con la Comisión Nacional de Energía sobre el error en la metodología de cálculo tarifario, aunque en ese momento la magnitud exacta aún no estaba clara. Desde entonces, se implementó una estrategia para diagnosticar y corregir el problema, que culminó con un informe preliminar a mediados de octubre y la salida de Pardow del Ministerio el 16 de octubre, en medio de una crisis política creciente.

El exministro ha defendido su gestión argumentando que la decisión sobre los precios de la energía corresponde a instancias técnicas independientes y que él actuó dentro del marco institucional, priorizando evitar una alarma pública prematura. En sus palabras, "Esta acusación es injusta: equivoca cómo funcionan las instituciones y el segundo capítulo es falso". Asimismo, reconoció un error político al no anticipar la dimensión electoral y comunicacional del problema.

Voces enfrentadas: entre la defensa técnica y la crítica política

Desde la oposición, la acusación constitucional ha sido impulsada con énfasis en la gravedad del error y el impacto social. Jaime Mulet (FRVS), presidente de la comisión revisora del libelo, ha sido enfático en que "el error afectó a 7,5 millones de clientes y se les cobró más allá del 70% que era legal a las familias, y eso es muy grave". Para Mulet, minimizar la acusación como un problema de comunicación es una "liviandad tremenda".

Por otro lado, desde el oficialismo, Camila Vallejo, vocera de gobierno, calificó la acusación como un intento de politizar un error técnico, sugiriendo que el problema se reduce a la falta de un punto de prensa, lo que fue duramente cuestionado por la oposición.

Dentro del propio oficialismo, la candidata presidencial Jeannette Jara, excompañera de gabinete de Pardow, fue clara en solicitar su renuncia inmediata, reflejando una postura que prioriza la responsabilidad política y la imagen pública en un contexto electoral delicado.

Contexto político y electoral

Este caso no es aislado en el actual gobierno, donde ocho exministros han enfrentado acusaciones constitucionales. Sin embargo, la particularidad de esta acusación radica en la suma de críticas desde la oposición y sectores del oficialismo, en un escenario electoral que añade presión y complejidad.

Pardow ha señalado que la votación de la acusación prevista para después de las elecciones podría permitir una evaluación más pausada y menos sesgada por intereses electorales. En este sentido, académicos como Domingo Lovera y Sergio Verdugo advierten sobre la pertinencia de establecer vedas para acusaciones constitucionales en periodos electorales, buscando evitar decisiones motivadas por cálculos políticos inmediatos.

Reflexiones finales: lecciones y consecuencias

Este episodio expone la tensión entre la gestión técnica independiente y la exigencia política de transparencia y responsabilidad pública. El error tarifario, aunque técnico, tuvo consecuencias sociales profundas y un impacto político inmediato. La acusación constitucional, más allá de su resultado, pone en evidencia la fragilidad de la institucionalidad frente a crisis que combinan aspectos técnicos y políticos.

Además, la ausencia de un cierre de filas en el oficialismo y la fragmentación de las posturas reflejan la complejidad de gobernar en un contexto polarizado y electoralmente sensible.

En definitiva, la historia de Diego Pardow y la crisis tarifaria sirven como recordatorio de que las decisiones técnicas en áreas sensibles requieren no solo rigor institucional, sino también una comunicación estratégica y una lectura política fina para evitar que errores técnicos escalen a crisis institucionales y políticas.

La tensión entre responsabilidad técnica y política, entre transparencia y prudencia comunicacional, seguirá siendo un desafío para los gobiernos que transitan en democracias complejas y altamente demandantes.

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Fuentes: declaraciones y entrevistas al exministro Diego Pardow en La Tercera y Cambio21; análisis y declaraciones de diputados Jaime Mulet (FRVS) y Camila Vallejo; informes académicos de Domingo Lovera y Sergio Verdugo; seguimiento parlamentario en medios nacionales.