Contribuciones: un impuesto en crisis y sin consenso claro: ¿quién paga y quién se beneficia?

El debate sobre las contribuciones en Chile no es nuevo, pero en 2025 ha alcanzado un punto de inflexión que revela una profunda crisis estructural y política.

Desde mediados de año, la polémica alrededor del impuesto territorial, conocido popularmente como "contribuciones", se ha intensificado debido al aumento considerable de los avalúos fiscales que determinan su monto, afectando a miles de propietarios, especialmente en comunas de clase media y adultos mayores. Este escenario ha generado un choque frontal entre distintos actores, donde la tensión no solo radica en el costo del impuesto, sino en la legitimidad de su cálculo y el uso de los recursos recaudados.

La historia detrás del conflicto

El impuesto territorial en Chile se basa en el avalúo fiscal determinado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), que actualiza periódicamente el valor de los bienes raíces para calcular las contribuciones. Sin embargo, este proceso ha sido cuestionado por su falta de transparencia y arbitrariedad. Según el SII, el avalúo se determina mediante un estudio técnico que considera más de dos millones de transferencias, tasaciones bancarias y otros indicadores, agrupando inmuebles en más de 14 mil áreas homogéneas. Sin embargo, la fórmula exacta y el peso de cada factor no son públicos ni auditables, dejando a los contribuyentes en la incertidumbre.

Entre 2016 y 2024, la recaudación por contribuciones aumentó un 65,8% en términos reales, llegando a 1,3 billones de pesos, mientras que la deuda por contribuciones creció 32 veces entre 2019 y 2024 en comunas como Quilicura y Estación Central. Este crecimiento ha provocado que muchas familias enfrenten dificultades para pagar sus impuestos, con casos extremos de venta de propiedades para cubrir deudas.

Voces enfrentadas: ¿justicia o abuso?

Desde distintos sectores se plantean perspectivas encontradas.

- "El impuesto territorial es un arriendo permanente al Estado por el derecho a vivir en tu propia casa, sin considerar la capacidad real de pago de las familias", señala Constanza Hube, abogada y profesora de la UC, quien critica la regresividad del impuesto y la concentración de funciones en el SII, lo que erosiona la confianza pública.

- Por otro lado, el director del SII, Javier Etcheberry, ha defendido el aumento de las contribuciones argumentando que los reclamos provienen de sectores acomodados y que la fiscalización ha mejorado, incluyendo detalles como piscinas en las propiedades.

- El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha sostenido que eliminar las contribuciones beneficiaría principalmente a comunas del "barrio alto", perjudicando a municipios más pobres que dependen de estos recursos.

- En contraste, críticos como el economista Claudio Agostini y expertos tributarios han denunciado la "falacia municipal", señalando que el gasto municipal crece mucho más rápido que la economía y que gran parte del presupuesto se destina a gastos en personal contratado, no a inversiones o mantención de espacios públicos.

- Ciudadanos afectados, especialmente adultos mayores, expresan su temor y frustración: "Con el alza de los avalúos, ¿qué pasará cuando me jubile y solo tenga mi pensión? ¿Seguiré pagando contribuciones? ¿Tendré que vender mi casa?" Estas preocupaciones han motivado iniciativas legislativas para congelar el impuesto territorial para personas mayores que viven en sus viviendas.

El uso de los recursos y la transparencia

El 60,63% de lo recaudado por contribuciones se destina al Fondo Común Municipal, que redistribuye recursos a comunas con menos ingresos, mientras que el resto se queda en las comunas donde se recaudó. Sin embargo, investigaciones y datos oficiales muestran que solo un 6,5% del gasto municipal se destina a inversiones concretas como pavimentos o áreas verdes, y menos del 4% a mantención de espacios públicos. En cambio, el gasto en personal contratado ha crecido significativamente, lo que genera cuestionamientos sobre la eficiencia y destino del dinero.

Constataciones y consecuencias

- El impuesto territorial chileno, tal como está diseñado, es percibido por muchos como un tributo regresivo y arbitrario, que no toma en cuenta la capacidad real de pago de los contribuyentes.

- La falta de transparencia en el cálculo del avalúo fiscal y la concentración de funciones en el SII alimentan la desconfianza y la percepción de injusticia.

- La defensa política del impuesto está fragmentada, con argumentos que reflejan intereses diversos y, en ocasiones, contradicciones evidentes entre la retórica oficial y los datos sobre el gasto municipal.

- La presión social, especialmente desde sectores vulnerables como los adultos mayores, ha impulsado propuestas legislativas para mitigar el impacto del impuesto, pero aún no existe un acuerdo claro ni un plan integral para reformar el sistema.

- La discusión sobre las contribuciones trasciende lo técnico y recaudatorio: es un debate de justicia tributaria, equidad y el rol del Estado en la protección del derecho a la vivienda.

En definitiva, el impuesto territorial chileno enfrenta hoy un desafío crucial: recuperar legitimidad y equidad, mediante reformas que transparenten su cálculo, consideren la capacidad de pago y aseguren un uso eficiente y justo de los recursos públicos. Mientras tanto, miles de familias siguen atrapadas en un sistema que amenaza con erosionar su patrimonio y bienestar.

Fuentes: Diario Financiero, CIPER Chile, La Tercera, Cooperativa.cl, análisis de datos SINIM, declaraciones oficiales del SII y Ministerio de Hacienda.