Ley Karin: Un año después, entre promesas, nudos y desafíos por resolver

A un año de la entrada en vigencia de la Ley Karin, la normativa que prometía erradicar el acoso y la violencia en el mundo laboral, Chile enfrenta un complejo escenario donde las buenas intenciones se topan con la realidad de su implementación.

Desde agosto de 2024 hasta junio de 2025, la Dirección del Trabajo (DT) recibió 44.212 denuncias relacionadas con la Ley Karin, de las cuales solo un 42% (18.367) fueron clasificadas dentro del ámbito de la ley. Sin embargo, de las 3.513 fiscalizaciones terminadas, solo en 747 casos se constató vulneración, es decir, menos del 2% del total de denuncias presentadas.

Este contraste entre denuncias y casos confirmados revela un primer desafío: la ausencia de un control previo de admisibilidad que filtre las denuncias antes de sobrecargar el sistema. Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), ha señalado que "se requiere un control previo de admisibilidad de los casos denunciados para evitar la sobrecarga a la DT y preservar el clima laboral".

El impacto de esta sobrecarga es palpable. La DT ha reconocido públicamente que algunas investigaciones se extienden hasta seis meses, cuando la ley establece un plazo máximo de 30 días. Esta demora no solo afecta la eficacia del proceso, sino que deteriora el clima laboral y la confianza tanto de denunciantes como de denunciados. El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, ha declarado que "estamos modernizando los procesos en la DT para acelerar la clasificación y enfocar recursos en la investigación".

Además, la ley impone a las empresas la obligación de contar con protocolos preventivos, medidas de resguardo inmediatas y actividades de difusión y capacitación. Sin embargo, estas exigencias resultan particularmente complejas para pequeñas y microempresas, que carecen de recursos para cumplir cabalmente con la normativa.

En cuanto a la distribución geográfica, la mayoría de las denuncias se concentran en la Región Metropolitana (29,9%), seguida por Valparaíso (17,7%) y La Araucanía (6,7%). En términos de género, el 66,4% de las denuncias fueron presentadas por mujeres, predominando el acoso laboral como principal causa (87,5%).

Ante este panorama, un Consejo Consultivo conformado por representantes del mundo público, empresarial, sindical, académico y legal ha propuesto una serie de mejoras. Entre ellas destacan:

- Implementar un control de admisibilidad para filtrar denuncias no procedentes.

- Establecer sanciones para quienes presenten denuncias falsas o de mala fe, equilibrando protección para denunciantes legítimos.

- Fortalecer la capacitación en técnicas de desescalada y manejo de conflictos, especialmente en sectores expuestos a violencia externa como comercio, educación y salud.

- Fomentar mecanismos de mediación y conciliación obligatorios para resolver conflictos laborales antes de llegar a denuncias formales.

David Acuña, expresidente de la CUT, sostiene que "la prevención y formación sindical son claves para avanzar en un cambio cultural que erradique el acoso laboral".

Desde la mirada crítica, expertos legales advierten que la Ley Karin, aunque bien intencionada, ha generado un cumplimiento formal más que un cambio sustantivo en la calidad de vida laboral. Luis Lizama, fundador del Observatorio Ley Karin, señala que "la ley ha desplazado el foco preventivo hacia una respuesta reactiva, saturando a la DT y dejando sin resolver el problema estructural".

Por su parte, el sector empresarial reafirma su compromiso con el buen trato laboral, pero insiste en la necesidad de ajustes urgentes que permitan una aplicación más eficiente y acorde a la realidad de las empresas.

El Gobierno ha anunciado modificaciones en el reglamento para fortalecer la correcta presentación de denuncias y modernizar los procesos de la DT, con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir los tiempos de investigación.

En definitiva, la Ley Karin representa un avance en la visibilización y abordaje del acoso laboral, pero su implementación ha revelado nudos críticos que requieren soluciones integrales y sistémicas.

El desafío está en equilibrar la protección efectiva de las víctimas, la garantía de procesos justos y ágiles, y la construcción de una cultura laboral basada en el respeto y la prevención. Más que una batalla legal, es un coliseo donde se enfrentan intereses, derechos y responsabilidades, y donde el espectador atento debe discernir entre el ruido de las denuncias y la búsqueda genuina de justicia y dignidad en el trabajo.

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Fuentes: Dirección del Trabajo, Ministerio del Trabajo, Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Consejo Consultivo Ley Karin, Diario Financiero.