Lo que comenzó hace más de dos meses como una grave denuncia por abuso sexual y violación contra el entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha mutado en un complejo laberinto con múltiples frentes. Hoy, con Monsalve en arresto domiciliario y recuperándose de una intervención quirúrgica de urgencia, el caso ha trascendido la esfera personal para convertirse en un profundo cuestionamiento sobre el ejercicio del poder, la probidad y la transparencia en las altas esferas del Estado. La caída de una de las figuras más influyentes del gobierno no solo se dirime en tribunales, sino que ha instalado una incómoda reflexión sobre los mecanismos de control y la cultura política del país.
La narrativa inicial, centrada en el encuentro entre Monsalve y una asesora de su repartición, se fracturó rápidamente. La defensa del exsubsecretario se ancló en la idea de un encuentro consentido, cuya memoria se habría desvanecido tras el consumo de alcohol, encapsulada en su ya célebre declaración a la fiscalía: “Perdí la noción con el segundo pisco sour”. Sin embargo, esta versión colisionó frontalmente con los hallazgos del peritaje que la Policía de Investigaciones (PDI) realizó a su teléfono móvil.
El informe de la PDI, de más de 250 páginas, se convirtió en una pieza clave para la fiscalía. Reveló búsquedas de “drogas de sumisión” como el GHB, consultas en portales de damas de compañía y actividad en sitios de citas con mujeres jóvenes colombianas, todo en fechas cercanas a los hechos denunciados. A esto se sumó la solicitud de una licencia médica a su hija, un día después del presunto ataque, tras cancelar una actividad de prensa.
Paralelamente, una segunda arista investigativa cobró fuerza: el posible mal uso de gastos reservados. La fiscalía comenzó a indagar el estilo de vida de Monsalve, caracterizado por el uso constante de grandes sumas de dinero en efectivo para pagar hoteles y otros gastos. El análisis de sus cuentas bancarias reveló que los giros que realizaba no se condecían con su nivel de vida, levantando sospechas sobre el origen de esos fondos. Durante su gestión, Monsalve tuvo a su disposición cerca de 850 millones de pesos por este concepto, de los cuales, tras su renuncia, solo se encontró poco más de un millón en la caja fuerte de su oficina.
El caso ha expuesto un choque de visiones irreconciliables:
El caso Monsalve no es un hecho aislado. Se inscribe en una larga historia de debates en Chile sobre el uso de gastos reservados, un mecanismo históricamente opaco y fuente de escándalos de corrupción. Además, pone sobre la mesa la persistencia de dinámicas de poder asimétricas en los espacios laborales, especialmente cuando involucran género y jerarquía. La controversia ha reavivado el debate público sobre la necesidad de mayores estándares de probidad y la urgencia de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, una confianza ya debilitada por crisis anteriores.
Actualmente, el caso está lejos de cerrarse. Manuel Monsalve enfrenta un complejo escenario judicial con dos investigaciones formales en curso que podrían derivar en graves condenas. Su reciente hospitalización añade una variable humana a un proceso legal y mediático implacable. En el plano político, el gobierno sigue lidiando con las réplicas del escándalo, mientras la oposición mantiene la presión. La historia del ocaso de Monsalve sigue escribiéndose, y su desenlace no solo definirá el futuro de un ex hombre fuerte de la política chilena, sino que también dejará una marca indeleble en la percepción pública sobre la integridad de quienes ostentan el poder.