
Una vez cerrado el telón de las elecciones presidenciales 2025, emergen con fuerza las cifras que reflejan un fenómeno poco discutido en la vorágine electoral: los millonarios reembolsos que recibirán los candidatos por parte del Servicio Electoral (Servel).
Tras la primera vuelta, ocho candidatos cumplen los requisitos legales para recibir un pago por voto que busca compensar los gastos de campaña. Entre ellos, destacan Jeannette Jara (oficialismo), José Antonio Kast (Partido Republicano) y Franco Parisi, quienes, con sus votaciones, aseguran los mayores montos de reembolso.
Este mecanismo, establecido para nivelar el campo de juego y transparentar el financiamiento de campañas, no es nuevo. Sin embargo, la magnitud de los montos en esta elección ha puesto en el centro del debate su pertinencia y consecuencias. El Servel calcula los pagos basándose en el número de votos válidos obtenidos y los gastos declarados.
Desde el oficialismo, se argumenta que estos reembolsos son esenciales para garantizar la pluralidad política y la participación democrática. “Es un reconocimiento al esfuerzo y la inversión legítima en una contienda que fortalece la democracia”, señaló un dirigente del partido de Jara.
Por otro lado, sectores críticos, especialmente desde la izquierda y movimientos sociales, cuestionan la lógica de entregar recursos públicos millonarios a campañas que, en algunos casos, han sido financiadas con aportes privados o cuestionables. Una activista social declaró: “Es inaceptable que mientras crecen las demandas sociales, se destinen tantos recursos a reembolsar gastos de campañas que muchas veces se alejan de la realidad de la gente.”
El fenómeno no es homogéneo: regiones con menor participación electoral ven menos impacto económico directo, pero sí un aumento en la percepción de desigualdad política. Además, la concentración de los montos en los tres candidatos punteros genera un efecto de amplificación mediática y política que podría influir en futuras campañas y alianzas.
El sistema de reembolsos electorales en Chile cumple un rol formal de transparencia y equidad, pero su aplicación en 2025 revela tensiones entre la intención legal y la percepción ciudadana. La entrega de montos millonarios a candidatos, en un contexto de demandas sociales y cuestionamientos sobre la política tradicional, abre un debate necesario sobre la reforma del financiamiento electoral.
A partir de estos hechos, se concluye que el reembolso no es solo un trámite administrativo, sino un reflejo de las contradicciones del sistema político chileno: entre los principios democráticos y la realidad económica, entre la representación y la legitimidad social.
Este episodio invita a observar con distancia y profundidad cómo se financia la política y qué costos reales implica para la democracia chilena.
---
Fuentes consultadas: Diario AS (17/11/2025), análisis de Servel, declaraciones de partidos políticos y organizaciones sociales.
2025-11-09