La acusación constitucional contra Pardow: un choque de responsabilidades y narrativas en el Congreso
El 18 de noviembre de 2025, la Comisión Revisora de la Cámara de Diputados tomó una decisión que reverberará en el debate político y social chileno: aprobó la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow, tras una votación de 3 a 1 que dejó en evidencia las profundas divisiones sobre la responsabilidad política y técnica en el caso del error en las tarifas eléctricas.
El diputado Jaime Mulet, presidente de la Comisión y militante de la Federación Regionalista Verde Social, se sumó a la oposición para respaldar el libelo, argumentando que la cartera de Energía no fue lo suficientemente diligente para evitar el perjuicio económico que afectó a más de 7,5 millones de usuarios, con un sobrecargo estimado en 115 millones de dólares. Este gesto político no solo sorprendió por su carácter transversal, sino que también abrió el escenario para una discusión más profunda sobre la gestión pública y la protección de los consumidores.
Por su parte, la defensa de Pardow sostuvo desde un inicio que el exministro carecía de atribuciones para controlar directamente las alzas tarifarias, y que la acusación se basaba en una “lectura equivocada del mecanismo regulatorio”. Pardow insistió en que la Comisión Nacional de Energía (CNE) es la entidad encargada de fijar las tarifas y que su responsabilidad administrativa no debía ser confundida con discrepancias políticas.
La única voz discordante dentro de la Comisión fue la diputada Coca Ñanco, del Frente Amplio, quien advirtió que “confundir discrepancia política con responsabilidad es un peligroso precedente” y que aprobar la acusación sin fundamentos jurídicos sólidos transformaría el instrumento en una herramienta de persecución política.
Este debate refleja un choque de perspectivas que atraviesa no solo las líneas partidarias, sino también las visiones sobre el rol del Estado en la regulación de sectores estratégicos. Mientras la derecha y la oposición tradicional enfatizan la necesidad de sancionar la falta de probidad administrativa, sectores del Frente Amplio y la izquierda alertan sobre los riesgos de judicializar la política y erosionar la confianza en las instituciones.
En el trasfondo, la ciudadanía observa cómo un error técnico se transforma en un terreno de pugnas donde se entrecruzan la política, la economía y el derecho. El caso Pardow ha puesto en evidencia las fragilidades del sistema eléctrico chileno y la complejidad de garantizar tarifas justas sin desincentivar la inversión.
Finalmente, la Comisión acordó que el diputado Mulet será quien informe a la Sala de la Cámara sobre la procedencia de la acusación, un paso que marca el inicio de un proceso que podría terminar en un juicio político con consecuencias para la carrera del exministro y para la configuración política del país.
En conclusión, este episodio confirma que en Chile la responsabilidad política es un terreno disputado y que la línea entre errores administrativos y persecución política es difusa. La acusación contra Pardow no solo cuestiona una gestión puntual, sino que plantea interrogantes sobre cómo el Estado debe proteger a los consumidores sin caer en la politización excesiva de la administración pública.
El desenlace de esta historia, aún abierto, invita a una reflexión más amplia sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la necesidad de fortalecer los mecanismos regulatorios para evitar que tragedias administrativas terminen en tribunales y en el escenario político, con la ciudadanía como espectadora y afectada.
Fuentes consultadas: La Tercera, BioBioChile, declaraciones oficiales de la Cámara de Diputados.