
El próximo 14 de diciembre, Chile se juega un capítulo crucial de su historia política reciente, cuando la candidata de la izquierda, Jeannette Jara, y el ultraderechista José Antonio Kast se enfrenten en la segunda vuelta presidencial. El proceso electoral, marcado por un retorno al voto obligatorio, movilizó a un 84,56% del padrón en la primera vuelta, un nivel que no se veía desde 2009. Este dato refleja una ciudadanía activa, pero también un país dividido y con múltiples desafíos por delante.
Jara y Kast fueron los candidatos con mayor votación el 16 de noviembre, avanzando a la definición final. La primera representa la continuidad de la izquierda y centroizquierda oficialista, mientras que Kast encarna a la derecha conservadora y ultraderechista. Sus propuestas han polarizado el debate público y político, poniendo al país ante una elección que no solo decidirá quién gobernará, sino también la dirección ideológica del país en los próximos cuatro años.
Desde la izquierda, Jara cuenta con el respaldo del oficialismo y sectores progresistas que buscan profundizar reformas sociales y económicas iniciadas en la administración Boric. En contraste, Kast, conocido por su discurso duro en seguridad y economía liberal, apela a un electorado preocupado por el orden público y la estabilidad.
La disputa no solo es política, sino que social y cultural. Ciudadanos de regiones diversas expresan incertidumbre y preocupación por el futuro. Algunos sectores urbanos y jóvenes apoyan a Jara, valorando su agenda de derechos sociales, mientras que en zonas rurales y sectores más conservadores, Kast tiene fuerte arraigo.
Según análisis de expertos electorales, el electorado chileno muestra una creciente fragmentación, con un 9 a 21% de votantes indecisos según distintas encuestas recientes. Este fenómeno, poco abordado en la campaña, genera una incógnita sobre el destino de esos votos, que podrían inclinar la balanza.
Por otro lado, la creciente incorporación de votantes extranjeros —que en 2025 alcanzaron cerca de 886 mil inscritos— añade un nuevo factor al mapa electoral, con un perfil y demandas propias que podrían modificar resultados y estrategias.
El Servicio Electoral (Servel) estableció que la propaganda para la segunda vuelta comenzó el 30 de noviembre, con un periodo de campaña oficial desde el 3 hasta el 11 de diciembre. Durante esos días, ambos candidatos desplegaron intensas actividades en plazas, medios y redes sociales.
La normativa electoral prohíbe manifestaciones y propaganda desde el 12 de diciembre en adelante, buscando asegurar un ambiente de reflexión antes de la votación obligatoria.
El proceso electoral chileno ha captado la atención regional. Desde Venezuela, el chavismo manifestó “pocas esperanzas” respecto a la segunda vuelta, aunque manteniendo una postura de respeto a la soberanía chilena. Esta declaración refleja las tensiones ideológicas que atraviesan América Latina y que también se reflejan en Chile.
En este escenario, queda claro que el resultado de la segunda vuelta no solo definirá un nombre en La Moneda, sino que también marcará la dirección política y social del país, en un momento de alta polarización y desafíos estructurales.
El alto nivel de participación evidencia un electorado comprometido, pero la presencia de un segmento significativo de indecisos y nuevos votantes extranjeros introduce incertidumbre y complejidad.
Finalmente, este proceso electoral pone en evidencia la necesidad de comprender las motivaciones profundas de la ciudadanía, más allá de las campañas y discursos, para fortalecer la democracia chilena y evitar la fragmentación social.
La segunda vuelta será, en definitiva, una prueba de fuego para la convivencia democrática y la capacidad de Chile para navegar entre sus diferencias en busca de un futuro común.