Inversión urbana en Chile: ¿Priorizar tecnología o equidad?: Un dilema que trasciende el presupuesto
Chile enfrenta un desafío que va más allá de los números: cómo invertir en sus ciudades cuando los recursos son limitados y las demandas, crecientes. A mediados de noviembre de 2025, expertos y autoridades comenzaron a debatir la manera más eficiente y justa de asignar fondos públicos para la planificación urbana, en un contexto de estrechez fiscal que marcará la próxima administración.
El debate se instaló con fuerza tras la publicación del análisis de Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades, y Nicolás León, gerente de Estudios y Políticas Públicas de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Ambos coinciden en que la clave está en una combinación de buena gestión, tecnología avanzada y plataformas de visualización de datos para fortalecer la toma de decisiones.
“La tecnología ya está disponible para cruzar indicadores como densidad poblacional y niveles de vulnerabilidad, facilitando una priorización más fina de las inversiones,” afirma Andrade, planteando un camino hacia una planificación más científica y adaptada a las realidades territoriales.
Sin embargo, no todos comparten esta visión con igual optimismo. Desde sectores sociales y expertos en justicia urbana, se advierte que el énfasis exclusivo en datos y tecnología puede invisibilizar las necesidades de las comunidades más vulnerables, perpetuando desigualdades históricas. Para ellos, la planificación debe incorporar también una mirada crítica sobre quiénes se benefician realmente de las inversiones y cómo estas impactan en la calidad de vida.
En regiones, la discusión adquiere matices adicionales. Mientras las grandes ciudades buscan soluciones tecnológicas para manejar su complejidad, territorios menos densos reclaman una atención que no se reduzca a indicadores cuantitativos, sino que considere también aspectos culturales y sociales que no siempre se reflejan en los datos.
El escenario fiscal restrictivo obliga a la administración entrante a decidir con precisión dónde y cómo gastar, sin margen para errores ni proyectos superfluos. La triada propuesta —gestión, tecnología y visualización— parece un camino prometedor, pero su implementación requiere un equilibrio delicado entre eficiencia y equidad.
Este debate no es sólo técnico, sino profundamente político y social. Refleja las tensiones entre un Estado que debe ser eficiente y un país que demanda justicia y reconocimiento territorial.
Conclusiones claras emergen:
- La tecnología es una herramienta indispensable, pero no suficiente para resolver la complejidad social y territorial de Chile.
- La escasez fiscal impone límites que obligan a priorizar, pero estas prioridades deben construirse con pluralidad de voces y criterios más allá de lo cuantificable.
- La planificación urbana, en tiempos de restricción presupuestaria, debe ser innovadora y cuidadosa, sin perder de vista que detrás de cada dato hay comunidades que sufren o se benefician.
El desafío está planteado: ¿será posible conjugar eficiencia tecnológica con justicia social en la inversión urbana? Por ahora, la respuesta sigue abierta, pero la conversación ya no admite simplismos ni soluciones unilaterales.
Fuentes: análisis de Martín Andrade (Corporación Ciudades), Nicolás León (CChC), y diversas voces de expertos sociales y regionales, recogidas en la prensa especializada durante noviembre de 2025.