El PC y la Seguridad Pública: ¿Oposición sistemática o matices estratégicos?

Un enfrentamiento que va más allá del voto

Desde inicios de 2024, el Partido Comunista (PC) ha mantenido una postura crítica respecto a las iniciativas de seguridad pública impulsadas por el actual gobierno, rechazando con firmeza varios proyectos clave en el Congreso. Esta dinámica generó un choque frontal con sectores de derecha y centro, que acusan al PC de bloquear sistemáticamente medidas necesarias para enfrentar la delincuencia y el orden público.

Johannes Kaiser, diputado del Partido Libertario, afirmó en agosto pasado que “el PC votó de manera sistemática en contra de los proyectos de ley de seguridad en este gobierno, que era su gobierno”. Esta acusación fue rechazada por Jeannette Jara, candidata presidencial y militante comunista, quien sostuvo que “fueron excepciones en las que el PC se opuso, así que eso no es cierto”.

El corazón de la discordia

El análisis de las votaciones revela que los diputados comunistas rechazaron artículos centrales de las leyes Naín-Retamal y la regulación de ocupaciones ilegales, así como la ley antiterrorista, en la que el gobierno tuvo activa participación. Sin embargo, en etapas finales de tramitación, algunos proyectos lograron el visto bueno del PC, evidenciando una postura más matizada que un rechazo absoluto.

Desde el PC, la negativa se fundamenta en la defensa de derechos civiles y críticas a medidas que consideran punitivas o que fortalecen excesivamente a Carabineros sin garantías para las comunidades. Lautaro Carmona, presidente del partido, exigió “absoluta y plena transparencia” en operativos como el de Villa Francia, donde se decomisó armamento vinculado a delitos.

Voces contrapuestas, realidades diversas

En el espectro político, la derecha y sectores empresariales han usado la postura del PC para cuestionar su compromiso con la seguridad, mientras que la izquierda y organizaciones sociales defienden la necesidad de un enfoque que combine prevención, justicia social y control policial responsable.

Ciudadanos de comunas afectadas por la delincuencia expresan frustración por la sensación de inseguridad, pero también preocupación por medidas que podrían restringir derechos o criminalizar protestas sociales.

Más allá del conflicto: consecuencias y aprendizajes

Este choque revela la complejidad de abordar la seguridad pública en Chile, donde las soluciones legislativas deben equilibrar eficacia, respeto a derechos humanos y legitimidad social.

La narrativa simplista de “apoyo o rechazo total” no se sostiene frente a la evidencia de votaciones parciales y debates técnicos dentro del PC y el Congreso. La disputa política, aunque intensa, refleja tensiones reales sobre cómo construir un Estado más seguro y justo.

De esta historia se concluye que la seguridad pública no es un terreno de consenso fácil ni de certezas absolutas, sino un desafío que exige diálogo profundo, pluralidad de perspectivas y reconocimiento de disonancias constructivas para avanzar.

La ciudadanía, expectadora de este coliseo legislativo, debe mirar más allá de las consignas y entender las capas y contradicciones que moldean las políticas que impactan su vida cotidiana.