Secuestro del exalcalde Montoya: La detención que reaviva viejas heridas en la seguridad chilena
Un nuevo capítulo en la saga del secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya ha sacudido las estructuras de la seguridad pública en Santiago. El 18 de agosto de 2025, el Juzgado de Garantía dictó prisión preventiva para un nuevo imputado, un ciudadano venezolano vinculado a la organización criminal "Los Mapaches", rama local del Tren de Aragua, capturado tras un allanamiento en Renca. Este hecho no solo reactualiza la conmoción inicial del secuestro, ocurrido meses antes, sino que también abre un debate profundo sobre la persistencia y complejidad de las redes criminales transnacionales que operan en Chile.
Un secuestro que desnuda grietas
El secuestro de Montoya no fue un acto aislado ni improvisado. El fiscal Ernesto González explicó que el imputado "se posicionó en el lugar de retención de la víctima y en la casa de cautiverio, participando directamente en la logística del secuestro". La entrega de alimentos y vigilancia por parte del detenido revela una estructura organizada, con roles definidos, que desafía la idea de que estos crímenes son producto de bandas marginales sin sofisticación.
Desde la perspectiva política, este episodio ha reabierto cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para prevenir y desarticular grupos criminales con conexiones internacionales. Sectores de oposición han señalado la falta de políticas integrales y la insuficiente cooperación internacional, mientras que el gobierno defiende las recientes reformas en materia de inteligencia y seguridad pública.
Voces desde la calle y la academia
En los barrios afectados, la noticia ha revivido la sensación de inseguridad y abandono. Vecinos de Renca, donde fue detenido el imputado, expresan "temor y frustración, porque la violencia parece permear cada vez más nuestras comunidades". Por otro lado, expertos en criminología advierten que la presencia de organizaciones como el Tren de Aragua en Chile es un síntoma de fenómenos migratorios poco regulados y de la globalización del crimen.
La academia aporta un enfoque crítico que invita a mirar más allá de la criminalización: la socióloga María Fernanda Ruiz sostiene que "la respuesta no puede ser solo represiva; es necesario abordar las causas estructurales que facilitan la inserción de estas redes en nuestro territorio".
Conclusiones y consecuencias
La investigación, con un plazo inicial de 120 días, buscará esclarecer el grado de participación de los involucrados y la red criminal detrás del secuestro. Más allá del proceso judicial, el caso Montoya deja en evidencia verdades incómodas: la seguridad chilena enfrenta un desafío que trasciende las fronteras nacionales y exige una mirada multidimensional que combine prevención, justicia y políticas sociales.
Este episodio, con sus múltiples actores y tensiones, es un espejo de las complejidades que enfrenta Chile en materia de seguridad y convivencia social. La tragedia del exalcalde Montoya no solo conmueve, sino que convoca a un debate urgente sobre cómo construir un país más seguro y justo para todos.