Educación Pública en Chile: consolidación y desafíos en la expansión de los Servicios Locales de Educación
El proceso de transformación de la educación pública chilena ha entrado en una etapa decisiva. Para el 1 de enero de 2026, 36 de los 70 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) contemplados en la reforma estarán en funcionamiento, consolidando más de la mitad de esta red que busca descentralizar y democratizar la gestión educativa. Sin embargo, esta expansión no está exenta de tensiones y retos que ponen en jaque la calidad y sostenibilidad del sistema.
La apuesta por la descentralización y la participación
Desde 2018, la Nueva Educación Pública ha puesto el foco en la participación activa de las comunidades escolares. Este año, 17 SLEP llevarán adelante elecciones para elegir a sus Consejos Locales de Educación Pública, involucrando a cerca de 500 mil personas entre estudiantes, docentes, asistentes y apoderados. Este proceso no es un mero trámite institucional, sino un ejercicio democrático que busca otorgar voz y poder de decisión real a quienes conviven día a día en los establecimientos.
Rodrigo Egaña Baraona, director de Educación Pública, subraya que “la educación pública no se impone desde arriba, sino que se construye con las comunidades como protagonistas”. Este modelo, aunque ambicioso, enfrenta el desafío de equilibrar la participación con la gestión eficiente y la calidad pedagógica.
Crecimiento con cautela: postergación y madurez institucional
El Ministerio de Educación anunció que, si bien 10 nuevos SLEP comenzarán a operar en 2026, los Servicios Locales de Antofagasta y Valle Cachapoal pospondrán su traspaso para 2027. Esta decisión responde a informes que evidencian la necesidad de fortalecer áreas críticas como gestión financiera, equipos directivos e infraestructura antes de asumir la administración. La subsecretaria Alejandra Arratia enfatiza que “la educación pública no se mide por la rapidez de los calendarios, sino por su capacidad de entregar seguridad y calidad a las comunidades”.
Este retraso pone en evidencia la tensión entre la urgencia política de avanzar en la reforma y la necesidad técnica de asegurar condiciones óptimas para el éxito institucional. La postergación refleja una madurez del sistema para evitar riesgos que podrían erosionar la confianza de las familias y docentes.
Empleo público y recursos: la base para la transformación
El crecimiento de los SLEP ha tenido un impacto directo en el empleo público. Entre junio de 2024 y junio de 2025, se incorporaron casi 39 mil cargos en los Servicios Locales de Educación, representando un aumento del 84,8% en un año. Este incremento explica más del 100% del aumento neto del empleo público en la administración central, compensando caídas en otros sectores.
Este fenómeno es una muestra clara de la apuesta estatal por fortalecer la educación pública, pero también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad presupuestaria y la calidad del personal contratado, especialmente en un contexto de expansión acelerada.
Diversas miradas y desafíos pendientes
El avance en la Nueva Educación Pública ha sido valorado por sectores progresistas y organizaciones de la sociedad civil que ven en la participación comunitaria un camino para democratizar la educación y reducir inequidades históricas. Sin embargo, voces críticas advierten que la descentralización puede fragmentar aún más el sistema si no se acompaña de una supervisión rigurosa y mecanismos claros de rendición de cuentas.
Desde regiones, algunos actores han expresado preocupación por la capacidad de los nuevos SLEP para responder a las particularidades locales, especialmente en zonas rurales y periféricas, donde la infraestructura y el acceso a recursos son más limitados.
Por otro lado, el mundo docente enfrenta incertidumbres relacionadas con la transición de la administración municipal a la central, la estabilidad laboral y la adecuación de los nuevos equipos directivos.
Constataciones finales
La educación pública chilena vive un momento de transformación sin retorno, marcado por la expansión de los SLEP y la incorporación masiva de actores comunitarios en la gestión escolar. Este proceso, aunque alentador en términos de participación y empleo, muestra las complejidades de una reforma que debe equilibrar crecimiento, calidad y legitimidad social.
La postergación de algunos servicios locales y las tensiones en torno a la capacidad institucional son señales claras de que la velocidad no puede imponerse a la madurez. La sostenibilidad y el impacto real en el aprendizaje de los estudiantes dependerán de la capacidad del sistema para consolidar estos avances con rigor técnico y diálogo plural.
El desafío es mayúsculo: construir una educación pública que no solo sea más democrática, sino también más justa, inclusiva y capaz de responder a las demandas de una sociedad en constante cambio.