Israel y la pena de muerte: un giro irreversible en un conflicto sin tregua

En un movimiento que ha sacudido el tablero político y judicial de Israel, la Knéset aprobó en comisión una propuesta para imponer la pena de muerte a palestinos que asesinen a ciudadanos israelíes. Esta iniciativa, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir y respaldada públicamente por el primer ministro Benjamín Netanyahu, se encuentra ahora a la espera de su votación en primera lectura en el pleno parlamentario.

El proyecto no solo representa un endurecimiento legal sin precedentes en décadas, sino que también abre un debate que trasciende lo jurídico para adentrarse en las raíces del conflicto y la convivencia en la región. Israel mantiene la pena capital en su legislación desde la era del protectorado británico, pero no la aplicaba desde 1962, salvo excepciones históricas como el caso Eichmann. La propuesta busca eliminar la discrecionalidad judicial, imponiendo la pena de muerte automática ante la condena, y permite que tribunales militares, que juzgan a palestinos en territorios ocupados, aprueben sentencias con mayoría simple, un cambio que preocupa a juristas y defensores de derechos humanos.

Desde la ultraderecha, la medida es celebrada como una herramienta necesaria para la disuasión y la seguridad nacional. “Un terrorista muerto no volverá al terrorismo y, desde luego, no será liberado en un acuerdo”, afirmó la diputada Limor Son Har-Melej, quien perdió a su esposo en un atentado. Ben Gvir y sus aliados insisten en que la pena capital es una respuesta proporcional a la amenaza que representa Hamás, especialmente tras el masivo ataque y secuestro de israelíes en octubre de 2023.

Sin embargo, la propuesta ha encontrado una férrea oposición desde diversos sectores. Gilad Kariv, de Los Demócratas, la calificó de “incompatible con un Estado judío y democrático” y denunció que parece una ley escrita con fines electorales. Organizaciones de derechos humanos y expertos legales advierten que esta medida profundiza la segregación judicial, erosiona principios básicos de justicia y podría agravar aún más la espiral de violencia.

La controversia también se extiende a la esfera internacional, donde la tendencia global es hacia la abolición de la pena de muerte. La consejera jurídica del gobierno israelí, Gali Baharav-Miara, ya había señalado que la iniciativa vulnera la Ley Básica de Israel y carece de efecto disuasorio comprobado.

En el terreno social, la medida refleja y amplifica la polarización que atraviesa a la sociedad israelí y palestina. El conflicto armado y la violencia han dejado miles de muertos y cientos de rehenes, mientras que la situación humanitaria en Gaza se agrava con bloqueos y restricciones que afectan a la población civil.

Este giro legislativo se produce en un contexto donde el progresismo israelí se encuentra debilitado y marginado, con escasa capacidad para influir en el rumbo político. La ultraderecha ha ganado terreno no solo en el Parlamento, sino también en espacios clave del sistema de seguridad y la educación, moldeando una narrativa de seguridad basada en la mano dura y la exclusión.

En definitiva, la aprobación de esta propuesta no solo marca un punto de inflexión en la política criminal israelí, sino que también simboliza la profundización de un conflicto que se resiste a la reconciliación. La pena de muerte, más que un castigo, se convierte en un síntoma de la desesperanza y la radicalización que caracterizan la actual coyuntura.

Queda por ver si esta medida logrará su objetivo declarado de prevenir ataques o si, por el contrario, alimentará nuevas tensiones y ciclos de violencia. Lo cierto es que Israel y Palestina están hoy ante un desafío que trasciende las leyes y las armas: la búsqueda de un futuro donde la justicia no sea sinónimo de venganza y la seguridad no se pague con la erosión de los derechos fundamentales.