Bolivia tras el MAS: crisis profunda y desafíos irreductibles para un nuevo comienzo

Bolivia vive hoy las consecuencias palpables de una era que se desmorona. Tras casi veinte años bajo el dominio del Movimiento al Socialismo (MAS), la realidad económica, social e institucional del país muestra heridas profundas y desafíos que no admiten soluciones simplistas. La bonanza del gas, que en su momento fue la locomotora del crecimiento, se ha convertido en un espejismo: las exportaciones se han reducido casi exclusivamente a minerales como oro y zinc, mientras el litio, a pesar de sus vastas reservas, permanece inexplorado y paralizado por la ineficiencia estatal. Este colapso económico no solo desnudó la fragilidad de un modelo dependiente del extractivismo, sino que también dejó al país sin capacidad de maniobra frente a la informalidad y la ilegalidad que hoy sostienen buena parte de la economía.

En el centro del coliseo político, el nuevo gobierno debe lidiar con un escenario fragmentado y convulso. El fin del MAS no significa el fin de la polarización ni del conflicto social. Expertos como María Teresa Zegada Claure y Vivian Schwarz Blum coinciden en que las autoridades entrantes enfrentan la urgencia de establecer consensos en un Parlamento sin mayoría absoluta y en una sociedad atravesada por múltiples actores con poder de movilización. La gobernabilidad, por tanto, se desdobla entre la arena legislativa y las calles, donde la protesta social sigue siendo un recurso habitual para expresar descontento.

Desde la perspectiva política, Erika Brockmann advierte que sin un acuerdo amplio y sostenible, Bolivia seguirá atrapada en ciclos de inestabilidad. La fragmentación no solo complica la aprobación de reformas, sino que también erosiona la confianza ciudadana en las instituciones, especialmente en un sistema judicial y un Tribunal Constitucional percibidos como dependientes del Ejecutivo.

La crisis económica es la sombra que todo lo atraviesa. La escasez de combustibles, la falta de liquidez y la paralización del aparato productivo son síntomas de un colapso sistémico. La imposibilidad de sostener las importaciones y exportaciones, unida a la ausencia de reservas suficientes, obliga a pensar en medidas de emergencia que, aunque necesarias, implican costos sociales elevados. La población, particularmente las clases más vulnerables, siente ya el impacto de ajustes que parecen inevitables.

Sin embargo, hay consenso en que la salida no será rápida ni sencilla. La informalidad económica, que abarca cerca del 75% de la actividad, exige un cambio estructural en la relación entre Estado y ciudadanía, pasando de la represión a incentivos para la formalización.

El malestar social y la desigualdad se han profundizado, poniendo en jaque la cohesión social. La clase media, otrora en expansión, enfrenta hoy desempleo creciente y pérdida de calidad de vida. La polarización política ha fracturado el tejido social, con discursos de odio y rupturas que dificultan la reconciliación. Además, la crisis de derechos humanos —con denuncias de tortura, violencia y discriminación sistemática, especialmente contra grupos indígenas y mujeres— añade otro nivel de urgencia a la agenda nacional.

En este contexto, la lucha contra la corrupción emerge como un desafío transversal. El debilitamiento institucional ha convertido la corrupción en un problema endémico, con una percepción ciudadana de apropiación indebida de recursos públicos. La ausencia de leyes de acceso a la información pública y mecanismos efectivos de transparencia agrava esta sensación de impunidad.

El medio ambiente y la minería, dos caras de una misma moneda conflictiva. Los incendios forestales y las inundaciones recientes han desplazado comunidades y dañado ecosistemas, mientras que la minería —legal e ilegal— sigue siendo una fuente de ingresos y de tensiones. La contradicción entre un discurso oficial “pachamamista” y un modelo extractivista ineficiente y corrupto refleja las dificultades para conciliar desarrollo económico con sostenibilidad ambiental.

Los diferentes actores en escena no solo exhiben diagnósticos distintos, sino que también proponen caminos divergentes.
- Desde sectores políticos ligados al MAS, persiste una visión que prioriza la centralización y el control estatal, aunque con una creciente conciencia sobre la necesidad de reformas.
- La oposición y analistas independientes abogan por una apertura política, reformas estructurales profundas y mayor transparencia.
- Las organizaciones sociales y comunidades indígenas reclaman mayor inclusión y respeto a sus derechos, muchas veces ignorados o vulnerados.

Las verdades innegables emergen con crudeza: Bolivia está en un punto de inflexión donde las decisiones del próximo gobierno definirán si el país logra romper con un ciclo de crisis recurrente o si se profundiza la inestabilidad. La economía no puede esperar, la gobernabilidad requiere acuerdos difíciles y la sociedad demanda respeto a sus derechos y dignidad.

En definitiva, Bolivia post-MAS es un escenario donde el drama de la desmesura política y económica se despliega en tiempo real, y donde el futuro se construye en medio de contradicciones, resistencias y esperanzas que solo un abordaje plural y crítico podrá resolver.