El laberinto burocrático en Chile: ¿avance o retroceso en la gestión pública?: Entre la simplificación y la rigidez normativa
Un desafío estructural que no cede. Desde hace años, Chile arrastra una dispersión institucional y una maraña de normativas que generan incertidumbre en inversionistas y dificultan la gestión pública. La reciente aprobación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales buscó ser un faro en este laberinto, prometiendo estandarizar procedimientos y mejorar la coordinación entre servicios. Sin embargo, la realidad ha demostrado que la burocracia no solo no se ha simplificado, sino que en algunos ámbitos se ha complicado aún más.
El avance y el retroceso en paralelo. Por un lado, la Ley Marco ha generado expectativas en sectores empresariales y algunos municipios, que ven en ella una oportunidad para reducir la tramitología excesiva. “Su éxito dependerá de la implementación efectiva y de un cambio cultural que priorice la gestión eficiente por sobre la tramitología”, advierte Joaquín García Menjíbar de la Fundación Jaime Guzmán. Pero, por otro lado, otras reformas recientes, como la Ley de Patrimonio Cultural y la rigidez del Sistema de Evaluación Ambiental (SBAP), han sumado capas adicionales de permisos y órganos de control, complicando aún más el panorama.
En materia marítima, la aplicación de la Ley Lafkenche sigue sin un marco claro de gobernanza, generando incertidumbre en comunidades y sectores productivos. Esta dualidad ha provocado un choque entre quienes exigen mayor celeridad y flexibilidad para el desarrollo, y aquellos que abogan por una protección estricta del patrimonio y el territorio.
Perspectivas encontradas. Desde el mundo político, la derecha ha enfatizado la necesidad de simplificar la burocracia para atraer inversión y dinamizar la economía, mientras que sectores de izquierda y organizaciones sociales insisten en la importancia de mantener controles robustos para evitar impactos negativos en comunidades y ecosistemas.
En regiones, la percepción es aún más crítica. Municipios con menor capacidad técnica denuncian que la multiplicidad de permisos y la falta de coordinación estatal los deja en una posición de debilidad frente a proyectos inmobiliarios y de infraestructura, alimentando desconfianza y conflictos locales.
Voces ciudadanas y expertos. Ciudadanos y académicos coinciden en que el problema no es solo la cantidad de normativas, sino la falta de articulación y transparencia. “Chile necesita una burocracia moderna, con reglas claras, instituciones coordinadas y decisiones basadas en evidencia. No se trata de desregular, sino de construir un Estado que acompañe el desarrollo, en lugar de trabarlo”, concluye García Menjíbar.
Conclusiones y consecuencias. La tensión entre la urgencia por agilizar trámites y la necesidad de proteger el patrimonio y el medio ambiente no es exclusiva de Chile, pero aquí se ha exacerbado por la dispersión institucional histórica. La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales representa un paso hacia la racionalización, pero su impacto real dependerá de la voluntad política y de la capacidad técnica para implementar cambios profundos.
Mientras tanto, el crecimiento económico y la recuperación urbana siguen chocando con un sistema que, más que facilitar, obstaculiza. La paradoja es que las nuevas leyes, en lugar de despejar el camino, han creado un escenario aún más complejo, donde el desarrollo y la protección parecen condenados a una batalla sin tregua.
En definitiva, el laberinto burocrático chileno sigue siendo un terreno de disputa donde se juega el futuro del país: entre la eficiencia y la rigidez, entre la inversión y la conservación, entre la promesa de progreso y el peso de la tramitología.