Del Desborde Ritual a la Regla del Estado: La Ley de Funerales de Alto Riesgo y el Desafío de Retomar el Espacio Público

A fines de mayo, Chile implementó una nueva herramienta legal para enfrentar un fenómeno que había desbordado la cotidianidad de varias comunas: los llamados "narcofunerales". La Ley 21.717, que regula los funerales de alto riesgo, entró en vigencia como la respuesta del Estado a meses de ceremonias fúnebres que se transformaron en exhibiciones de poder, desafío y control territorial por parte de organizaciones criminales. El punto de inflexión fue, sin duda, el funeral de Carlos Acevedo, alias “Guatón Mutema”, a fines de abril, un evento que por 48 horas paralizó la vida en Quilicura y Huechuraba, obligando al cierre de colegios y comercios, y dejando una estela de temor e impotencia.

La Anatomía de un Desafío al Estado

El funeral de “Mutema” no fue un hecho aislado, sino la culminación de una práctica creciente. La carroza fúnebre Maserati, el cortejo que interrumpió autopistas y el masivo despliegue de fuerzas especiales no eran solo parte de una despedida, sino un ritual de poder. Estos actos, cargados de simbolismo —fuegos artificiales, disparos al aire y lienzos—, funcionan como una reafirmación de dominio en barrios donde la presencia del Estado es a menudo débil o intermitente.

La reacción ciudadana no se hizo esperar. La agrupación Escuelas Abiertas, en una carta pública, lo expresó con crudeza: "Lo que debe detenerse no es la educación, sino el avance impune de los narcos". Su reclamo apuntaba al núcleo del problema: la suspensión de clases se había normalizado como medida de seguridad, una señal de que el derecho a la educación cedía ante la intimidación delictual. Este sentir fue amplificado en el debate público, como el tenso intercambio televisivo entre el periodista José Antonio Neme y el diputado Juan Antonio Coloma, donde se confrontaron dos visiones: la del legislador que defiende la nueva ley como un avance y la del comunicador que acusa a la clase política de permitir que se plantara "la semilla" del narco al abandonar territorios.

Una Ley para Contener el Ritual

Frente a este escenario, la nueva legislación fue diseñada para ser una herramienta de contención rápida y efectiva. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, explicó que su propósito es "dar tranquilidad a las personas" y evitar que los funerales se usen como "un mecanismo de enaltecimiento del crimen".

La ley establece que, ante una muerte violenta y antecedentes que lo justifiquen, el Delegado Presidencial Regional puede calificar un funeral como de "alto riesgo". Una vez declarado, el proceso completo, desde la entrega del cuerpo hasta la inhumación, no puede exceder las 24 horas, terminando con los velorios extendidos que sitiaban barrios enteros. Además, otorga a Carabineros facultades para definir el trayecto del cortejo, realizar controles de identidad y narcotest a los asistentes, y prohibir rutas que pasen por lugares simbólicos para la banda. Según el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, esto permitirá una "liberación de una enorme cantidad de recurso policial" que antes se destinaba a custodiar estos eventos por días.

Las Raíces Profundas del Fenómeno

Sin embargo, la discusión trasciende la logística funeraria. Un reportaje de CIPER, basado en un informe de Asuntos Internos de Carabineros de 2014, reveló que el propio "Guatón Mutema" habría tenido vínculos con un sargento de la institución, quien presuntamente le proveía información y cobertura. Este antecedente, aunque antiguo, introduce una variable incómoda: la posible permeabilidad de las instituciones del Estado frente al crimen organizado. El problema no sería solo de bandas que operan al margen de la ley, sino de una red más compleja que puede incluir corrupción.

A esto se suma el concepto de las "narcobarras", mencionado por el ministro Cordero tras incidentes violentos en celebraciones futbolísticas. La infiltración del narcotráfico en estructuras sociales como las barras bravas demuestra cómo el crimen organizado se mimetiza y utiliza pasiones populares para expandir su influencia y disputar territorios, llevando la violencia de los estadios a los barrios.

El Estado Actual: La Ley a Prueba

La ley ya tuvo su primera aplicación a principios de junio en la Región del Biobío. Tras el asesinato de un miembro de la banda "Los Vejar", la delegación presidencial activó el protocolo. El cuerpo fue trasladado directamente desde el Servicio Médico Legal al cementerio, escoltado por drones y un fuerte contingente policial, cumpliendo el objetivo de un proceso rápido y controlado.

No obstante, el desafío persiste. Pese a la normativa, cercanos al fallecido se congregaron en su barrio en San Pedro de la Paz y cortaron una calle con neumáticos. Este acto, aunque menor en comparación con funerales anteriores, demuestra que la cultura del desafío no se extingue por decreto. La ley es un avance significativo en la gestión del orden público, pero deja abierta la pregunta fundamental: ¿es suficiente con regular el ritual, o es imperativo que el Estado ocupe de manera integral los espacios —sociales, económicos y culturales— que durante años ha dejado vacíos, permitiendo que otros impongan sus propias reglas?