Alcaldes metropolitanos y regionales en crisis: recortes presupuestarios y promesas incumplidas de seguridad

Un año después de las elecciones municipales de 2024, el balance de los alcaldes opositores que prometieron mejorar la seguridad en la Región Metropolitana es, cuando menos, contradictorio. Las estadísticas oficiales de Carabineros muestran que, mientras la región incrementó en promedio un 4% los delitos de mayor connotación social (DMCS) en los primeros nueve meses de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, comunas gobernadas por estos ediles sufrieron aumentos alarmantes: Ñuñoa con un 40,3%, San Miguel 18,4% y Santiago 11,5%. Solo Independencia exhibió una baja significativa del 4,9%, mientras Melipilla y Macul mostraron leves disminuciones.

Este escenario contrasta con las promesas de campaña basadas en la "mano dura" y el control del delito. El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien antes de asumir criticaba la gestión anterior por la inseguridad, enfrenta ahora un aumento en homicidios y agresiones graves, pese a que la municipalidad reporta una baja global en hurtos y homicidios combinados, una interpretación que no refleja la complejidad del fenómeno delictual. Por su parte, en San Miguel, la alcaldesa Carol Bown atribuye el aumento a una mayor denuncia ciudadana y un fortalecimiento del trabajo preventivo, que ha elevado las detenciones en un 57,3%. En Santiago, Mario Desbordes insiste en que las cifras están dentro de un rango estadístico esperado, aunque reconoce que el robo por sorpresa creció 17,1%.

Los vecinos, sin embargo, no siempre comparten esta visión. En Ñuñoa, testimonios de juntas de vecinos hablan de un retorno de la delincuencia en el transporte público y espacios públicos sin iluminación, mientras en Melipilla la comunidad expresa temor por la violencia juvenil y robos en sectores rurales, a pesar de una disminución en homicidios.

---

Pero la inseguridad no es el único problema que enfrentan los municipios. La discusión presupuestaria para 2026 ha encendido las alarmas entre alcaldes de todo el país. La Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) denuncia recortes por más de $477.000 millones en áreas clave como seguridad, educación, salud y mejoramiento urbano, con aumentos insuficientes en el Fondo Común Municipal que solo sube 3,7%, muy por debajo de la inflación proyectada.

José Manuel Palacios, presidente de Amuch, ha alertado que estos recortes contradicen la retórica oficial de descentralización y ponen en riesgo la continuidad de servicios básicos. La senadora Ximena Rincón, presidenta de la comisión mixta de Presupuestos, calificó la situación como "dramática", reconociendo que algunas municipalidades podrían no contar con recursos para cumplir con la reforma de pensiones y otras obligaciones crecientes.

En regiones, la crisis se siente con igual intensidad. En el Biobío, alcaldes y el gobernador Sergio Giacaman se movilizaron para exigir la restitución de $5.888 millones recortados, fondos destinados a proyectos estratégicos como centros de salud, seguridad y obras públicas. La amenaza de retroceso en inversión pública ha unido a los municipios en una defensa férrea del presupuesto regional.

Además, alcaldes de zonas rurales del sur del país, como José Miguel Muñoz y Rodrigo Wainraihgt, han elevado la voz para solicitar una estrategia diferenciada de seguridad que incluya fiscales especializados y mayor presencia policial, ante el aumento de delitos violentos y la limitada capacidad de respuesta en sus territorios.

---

Las tensiones políticas y sociales se reflejan también en el ámbito educativo, donde alcaldes de comunas como Ñuñoa, Santiago y Providencia enfrentan una crisis con movilizaciones estudiantiles, violencia y expulsiones masivas bajo el programa Aula Segura. La coordinación entre estos ediles y la búsqueda de un persecutor especial para abordar la violencia escolar evidencian la complejidad y la urgencia del problema.

Desde distintos sectores, se observa una disonancia entre las expectativas generadas y la capacidad real de los municipios para responder a las demandas ciudadanas. Las promesas de "mano dura" chocan con limitaciones presupuestarias y estructurales; las apelaciones a la denuncia y el control se enfrentan a la percepción de inseguridad en las calles; y la aspiración a la descentralización se ve frenada por recortes y restricciones administrativas.

Este panorama obliga a repensar el rol y las herramientas de los gobiernos locales. La seguridad pública, la inversión social y la gestión municipal requieren no solo recursos adecuados, sino también una coordinación eficaz con los poderes centrales y las instituciones de justicia y orden público.

Como señaló la senadora Rincón, "la sola reforma en materia de pensiones significa que los municipios, como empleadores, deben aumentar cotizaciones, sin que el presupuesto contemple estos costos". Por su parte, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, afirmó: "Estos resultados no son casualidad, son fruto del trabajo sostenido y en equipo, aunque el desafío es permanente".

La verdad que emerge es que la seguridad y el bienestar local son desafíos que requieren más que discursos y promesas: demandan inversión, planificación y voluntad política en todos los niveles. Mientras tanto, los ciudadanos observan cómo la tragedia ajena se despliega en sus barrios, en las calles y en las instituciones que deberían protegerlos, dejando a la vista las grietas de un sistema que aún no encuentra su equilibrio.