Boric y la gobernabilidad en la sombra: El Congreso como escenario secundario

A tres años de su administración, el presidente Gabriel Boric enfrenta un dilema que ha marcado su gestión: cómo avanzar en reformas profundas sin contar con una mayoría parlamentaria que respalde sus iniciativas. En un contexto donde el Congreso se presenta fragmentado y polarizado, el Ejecutivo ha optado por una estrategia que privilegia la vía administrativa para impulsar cambios significativos.

Desde el inicio de su mandato, La Moneda ha transmitido un mensaje claro a sus ministros y servicios públicos: aprovechar al máximo las facultades reglamentarias que otorga la ley para avanzar en políticas públicas, incluso cuando estas no cuentan con el visto bueno legislativo. Esta decisión, aunque pragmática, ha abierto un debate intenso sobre los límites del poder ejecutivo y el rol del Congreso en la democracia chilena.

Entre las medidas emblemáticas que han avanzado por esta vía destacan el Copago Cero en la salud pública, que elimina cualquier cobro para los usuarios de Fonasa en la red pública, y el nuevo reglamento de objeción de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, que garantiza el acceso efectivo a un derecho aprobado en 2017. Asimismo, el Plan Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas, impulsado a través de un decreto del Ministerio de Justicia, se ha convertido en un símbolo de esta forma de gobernar.

Estas políticas, si bien han sido celebradas por sectores progresistas y por la propia coalición oficialista, no han estado exentas de críticas. La oposición, liderada por figuras como José Antonio Kast, ha cuestionado la legitimidad de avanzar sin debate parlamentario, señalando un debilitamiento del Congreso y un riesgo para el equilibrio de poderes. Kast llegó a afirmar que “El Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes imaginan”, frase que encendió la polémica y motivó respuestas vehementes desde el oficialismo.

Desde la izquierda, la defensa es clara: la vía administrativa permite sortear bloqueos legislativos y responder con rapidez a demandas sociales urgentes. Para el gobierno, esta estrategia ha sido la única forma de materializar su agenda en un escenario político adverso. Sin embargo, voces dentro del oficialismo, como la candidata presidencial Jeannette Jara, han mostrado preocupación por la percepción ciudadana y los riesgos de desgastar la institucionalidad democrática.

En el plano regional y social, esta dinámica ha generado efectos diversos. Por un lado, ha permitido que comunidades vulnerables accedan a beneficios concretos, como la gratuidad en salud primaria o la garantía de derechos reproductivos. Por otro, ha alimentado la desconfianza hacia las instituciones políticas, reforzando la narrativa de un sistema político disfuncional y alejado de las necesidades ciudadanas.

Históricamente, Chile ha vivido tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero la actual coyuntura exhibe una particularidad: un presidente joven que, sin mayoría, decide ejercer un protagonismo que roza la tecnocracia, dejando al Congreso en una posición secundaria. Esta situación plantea preguntas sobre la calidad de la democracia chilena y la capacidad de sus instituciones para dialogar y construir consensos.

En conclusión, el legado de Boric en materia de gobernabilidad será evaluado no solo por las políticas concretas que logró implementar, sino por la forma en que redefinió el equilibrio de poderes en Chile. El uso intensivo de la vía administrativa ha permitido avances sociales importantes, pero también ha tensionado la relación con el Congreso y abierto un debate profundo sobre la representatividad y la democracia. Este escenario invita a reflexionar sobre las consecuencias de gobernar en la sombra y las lecciones para futuras administraciones en un país que busca consolidar su institucionalidad democrática sin sacrificar la eficacia en la gestión pública.

Fuentes consultadas: La Tercera (2025-08-14), El País Chile (2025-10-24), declaraciones oficiales del Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y vocerías gubernamentales.