Corte Suprema confirma residencia definitiva a venezolano tras ocho años de lucha: un fallo que cuestiona la rigidez migratoria chilena
Un caso que desnuda la rigidez y las contradicciones del sistema migratorio chileno se ha cerrado tras casi una década de incertidumbre para Jhoismel Agüero, ciudadano venezolano que, llegado en 2017, logró finalmente obtener su residencia definitiva después de que la Corte Suprema ordenara al Servicio Nacional de Migraciones revisar su situación.El 14 de agosto de 2025, la Corte Suprema ratificó la resolución que obliga a Migraciones a reconocer el arraigo y la realidad familiar de Agüero, revocando la orden de expulsión que pesaba sobre él.
La batalla legal y el contexto
Jhoismel Agüero, padre de dos hijos nacidos en Chile, había visto rechazada su solicitud de residencia definitiva por no presentar un certificado de antecedentes penales venezolano apostillado o legalizado, requisito que se volvió imposible de cumplir debido al cierre de la Embajada de Venezuela en Santiago tras las controvertidas elecciones de Nicolás Maduro en julio de 2024. El Servicio Nacional de Migraciones, en su interpretación estricta, mantuvo la negativa y ordenó su expulsión, sin considerar plenamente el contexto ni el arraigo del solicitante.
Frente a esta situación, Agüero acudió a la justicia, representado por el estudio Hurtado y Bonito Abogados. La Corte de Apelaciones de Santiago, en marzo, ya había señalado que la autoridad migratoria debía ponderar "los elementos de arraigo expuestos y el principio de proporcionalidad", ordenando un nuevo plazo para la entrega del documento faltante.El tribunal sostuvo que la resolución de Migraciones era ilegal por no evaluar los antecedentes personales, familiares y laborales del recurrente.
La confirmación de esta postura por parte de la Corte Suprema ratificó la necesidad de un enfoque más humano y flexible en la aplicación de la normativa migratoria, especialmente en casos donde factores externos, como el cierre de consulados, impiden el cumplimiento estricto de requisitos formales.
Voces en tensión: Estado, sociedad y derechos humanos
Desde el Servicio Nacional de Migraciones, se argumenta la necesidad de mantener estándares claros para evitar irregularidades y abusos en los procesos migratorios. Sin embargo, este caso expone las tensiones entre la letra fría de la ley y las realidades humanas que enfrentan miles de migrantes en Chile.
El abogado José María Hurtado, defensor de Agüero, destacó que este caso "ejemplifica los graves problemas de funcionamiento del Servicio de Migraciones" y criticó la falta de consideración del arraigo y la unidad familiar.
Por otro lado, organizaciones de derechos humanos y colectivos migrantes han señalado que esta resolución es un paso necesario hacia un sistema más justo, pero advierten que persisten numerosas barreras administrativas que afectan a las personas en situación similar.
Consecuencias y aprendizajes
Este fallo no solo beneficia a Jhoismel Agüero, sino que también abre una puerta para repensar la aplicación de la normativa migratoria chilena en un contexto de creciente movilidad internacional y situaciones políticas complejas en países de origen.
La Corte Suprema ha puesto en evidencia la importancia de ponderar el principio de proporcionalidad y el respeto a los derechos fundamentales en materia migratoria, especialmente cuando la exigencia de documentos se vuelve inaccesible por causas ajenas al solicitante.
A nivel social, el caso invita a reflexionar sobre cómo las políticas migratorias pueden impactar en la integración de las familias y comunidades, y cómo la justicia puede actuar como un contrapeso frente a decisiones administrativas rígidas.
En definitiva, la historia de Agüero es un espejo de las contradicciones del sistema chileno y un llamado a avanzar hacia un modelo que combine seguridad jurídica con humanidad y flexibilidad.
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Fuentes: La Tercera (2025-08-14), declaraciones del estudio Hurtado y Bonito Abogados, resoluciones de la Corte de Apelaciones de Santiago y Corte Suprema de Chile.