Florida y la pena de muerte: récords, contradicciones y una política en crisis

Florida se ha convertido en el epicentro de la pena de muerte en Estados Unidos en 2025, con un total de 12 ejecuciones realizadas hasta septiembre, cifra inédita desde que se reinstauró la pena capital en 1976. Este récord supera a estados tradicionalmente asociados con esta práctica, como Texas y Carolina del Sur, y ha encendido un debate que va más allá de la justicia penal para tocar fibras profundas de la sociedad y la política local.

El caso que marcó un antes y un después fue la ejecución de David Pittman, condenado por un triple homicidio ocurrido en 1990, que elevó la cifra de ejecuciones a doce en el año. Pittman fue ejecutado en la prisión estatal de Raiford el pasado septiembre, tras agotar todos los recursos legales, incluso con alegatos sobre discapacidad intelectual que no fueron acogidos por las cortes. Este caso refleja la complejidad y la controversia que rodea a la aplicación de la pena capital en Florida.

Por un lado, el gobernador Ron DeSantis y su administración han impulsado una política de endurecimiento penal que incluye la firma de 14 órdenes de ejecución para 2025, con fechas ya programadas para otros reos, como Victor Tony Jones y Samuel Smithers. Esta línea dura se enmarca en una agenda que busca posicionar a Florida como un estado que no tolera la criminalidad, especialmente en delitos graves.

Sin embargo, esta política ha recibido críticas contundentes desde diversos sectores. Organizaciones de derechos humanos, como Floridians for Alternatives to the Death Penalty, han denunciado que "cada ejecución nos deshumaniza a todos" y apelan a la clemencia como un valor fundamental que debe prevalecer en la justicia. La Arquidiócesis de Miami y su arzobispo Thomas Wenski han expresado públicamente su rechazo a la pena de muerte, proponiendo en cambio la cadena perpetua sin posibilidad de indulto como un castigo severo pero justo, que permite la reflexión continua sobre el daño causado.

Este debate se enmarca en un contexto más amplio donde Florida también destaca por liderar la lista de condenados erróneamente sentenciados a muerte, con 30 casos documentados desde 1973. La desconfianza en la aplicación justa de la pena capital se mezcla con las preocupaciones sobre el debido proceso, la calidad de la defensa legal y las desigualdades estructurales del sistema judicial.

Además, el récord de ejecuciones en Florida se produce en un momento donde a nivel nacional el apoyo a la pena de muerte ha disminuido, situándose en uno de sus niveles más bajos desde la década de 1970, según encuestas como la de Gallup, que reportó un 53% de apoyo en 2024. Este dato evidencia una tensión entre las políticas estatales y la opinión pública más amplia.

La narrativa pública en Florida también está marcada por episodios que reflejan una política criminal agresiva, con leyes que amplían la pena capital a nuevos tipos de delitos, incluyendo crímenes relacionados con migrantes indocumentados, y una retórica que enfatiza la seguridad y la "justicia para las víctimas".

En este escenario, la sociedad queda dividida entre quienes ven en la pena de muerte un instrumento necesario para la seguridad y la justicia, y quienes alertan sobre la barbarie, la falta de garantías y el costo ético y social de estas ejecuciones.

El récord de ejecuciones en Florida en 2025 no es solo una cifra estadística, sino el reflejo de una política pública que pone en jaque principios fundamentales de derechos humanos y justicia, y que plantea preguntas urgentes sobre qué tipo de sociedad se quiere construir.

Como espectadores de esta tragedia colectiva, queda claro que la pena de muerte en Florida no es un fenómeno aislado, sino un síntoma de tensiones más profundas en la relación entre Estado, justicia y ciudadanía, donde la venganza y la seguridad compiten con la dignidad y la reflexión crítica.

El futuro de esta política dependerá no solo de decisiones gubernamentales, sino también de la capacidad de la sociedad para dialogar, cuestionar y, eventualmente, transformar las narrativas que legitiman la violencia estatal en nombre de la justicia.

Fuentes: Cooperativa.cl, El País US, Death Penalty Information Center, Floridians for Alternatives to the Death Penalty, declaraciones públicas de la Arquidiócesis de Miami.