
Una tragedia que se despliega en el corazón de la Patagonia chilena ha puesto en jaque a las autoridades y equipos de rescate. Desde el 17 de noviembre, siete turistas quedaron atrapados en el sector Perros de Torres del Paine, luego de una tormenta de viento y nieve que complicó su evacuación. Dos de ellos, ciudadanos mexicanos, fallecieron en el lugar, y hasta la fecha se han confirmado cinco víctimas fatales. El 19 de noviembre, el delegado presidencial de Magallanes, José Ruiz Pivcevic, anunció el inicio de las labores para recuperar los cuerpos, sujetas a las condiciones meteorológicas.
Los equipos de emergencia enfrentan un escenario complejo. El despliegue terrestre ha sido la única vía posible, ya que los fuertes vientos impiden el uso de helicópteros. Como explicó el general Marco Alvarado Díaz, jefe de zona de Magallanes, "las condiciones climáticas no están para operar por vía aérea", lo que limita la rapidez y alcance de las operaciones.“Es un lugar de difícil acceso, por lo tanto, ustedes comprenderán que hay un bastante recorrido que realizar”, añadió. La instalación de un campamento base en Lago Dickson ha sido crucial para coordinar las cuadrillas que se desplazan a pie hacia el sector Perros, a 11 kilómetros de distancia.
Desde la mirada de las autoridades, el operativo es un desafío logístico y humano que debe equilibrar la seguridad de los rescatistas con la urgencia de recuperar los cuerpos. El delegado Ruiz enfatizó la coordinación entre el Comando de Incidente, la Fuerza Aérea y el Servicio Médico Legal para asegurar un proceso respetuoso y ordenado.
Sin embargo, en la esfera social y turística, la tragedia ha abierto un debate sobre la preparación y regulación en zonas extremas. Organizaciones ambientalistas y expertos en turismo de aventura han cuestionado la falta de protocolos más estrictos y la insuficiente información preventiva para visitantes extranjeros y nacionales. “Esta tragedia expone la vulnerabilidad de quienes se aventuran sin el respaldo adecuado en un entorno tan hostil como Torres del Paine”, señaló una representante de una ONG ambiental local.
Por otro lado, sectores políticos han aprovechado la crisis para discutir la inversión en infraestructura y equipamiento para emergencias en la región, señalando que la Patagonia chilena merece un sistema de respuesta acorde a su creciente afluencia turística y sus riesgos naturales.
Lo ocurrido en Torres del Paine no es solo un episodio aislado, sino un reflejo de las tensiones entre la naturaleza indómita y la actividad humana en territorios remotos. La recuperación de los cuerpos, su traslado a Puerto Natales y la coordinación con el Servicio Médico Legal marcan el cierre de una etapa dolorosa, pero también la apertura a un debate profundo sobre prevención y gestión de riesgos.
La disonancia entre la necesidad de proteger vidas y la atracción que ejercen estos paisajes extremos sobre turistas y aventureros plantea un desafío para las políticas públicas y la sociedad chilena en su conjunto. Las voces encontradas —entre autoridades, expertos y comunidades— evidencian que no hay soluciones simples, sino un camino que requiere diálogo, inversión y responsabilidad compartida.
Mientras tanto, la Patagonia sigue siendo un escenario donde la tragedia y la belleza conviven, y donde cada ventana de buen tiempo para el rescate es también un recordatorio de la fragilidad humana frente a la fuerza del viento y la nieve.