Bloqueo de ayuda a Gaza: más de 100 ONG denuncian una crisis humanitaria agravada por obstáculos burocráticos

Un bloqueo que se siente en cada hospital, en cada hogar. Desde marzo de este año, más de 100 organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales, entre ellas Plan International, Oxfam y Entreculturas, han denunciado un estricto bloqueo de ayuda humanitaria en Gaza. Este fenómeno no es un accidente ni un efecto colateral de la guerra, sino el resultado de una política sistemática que ha transformado la entrega de asistencia en un campo minado burocrático y político.

El bloqueo se intensificó tras la implementación de nuevas normas de registro para ONG internacionales, que han sido calificadas por estas organizaciones como arbitrarias y politizadas. Según las ONG, las autoridades israelíes han rechazado decenas de solicitudes para introducir suministros esenciales, argumentando que muchas de estas organizaciones “no están autorizadas para entregar ayuda”. En julio, más de 60 solicitudes fueron denegadas con esta justificación.

Este proceso ha dejado a hospitales sin insumos básicos y ha provocado que niños, personas con discapacidad y adultos mayores mueran de hambre y enfermedades prevenibles. El personal humanitario, que se enfrenta a estas condiciones extremas, también trabaja bajo la sombra del hambre y la inseguridad.

“Su exclusión ha dejado a hospitales sin suministros básicos y ha provocado que niñes, personas con discapacidad y personas mayores mueran de hambre y enfermedades prevenibles, mientras las propias personas trabajadoras humanitarias acuden a su labor con hambre”, lamentan las ONG.

Desde la perspectiva de las ONG, estas nuevas reglas de registro —introducidas en marzo de 2025— buscan controlar, silenciar y censurar la labor independiente de las organizaciones humanitarias, bajo criterios vagos como la supuesta “deslegitimación” del Estado de Israel. Este mecanismo ha sido interpretado como un instrumento para fortalecer el control israelí sobre el territorio palestino ocupado, en violación del derecho internacional.

“Este nuevo obstáculo burocrático es incompatible con el derecho internacional vigente, pues refuerza el control y la anexión por parte de Israel del Territorio Palestino Ocupado”, advierten las organizaciones.

Además, las ONG denuncian la imposición de un ultimátum para entregar listas de personal palestino, una exigencia que califican de ilegal e insegura, que viola la normativa internacional de protección de datos y pone en riesgo la seguridad del personal humanitario. En un contexto donde el 98% de los trabajadores asesinados son palestinos, la exigencia aumenta la vulnerabilidad de quienes operan en la zona.

Las voces en Chile y América Latina han expresado preocupación por esta crisis humanitaria, destacando la necesidad de una mirada profunda y crítica que trascienda la inmediatez de la noticia. Desde sectores políticos diversos, algunos llaman a la solidaridad internacional y a la presión diplomática para garantizar el acceso humanitario, mientras otros enfatizan la complejidad del conflicto y la necesidad de soluciones políticas integrales.

“La instrumentalización de la ayuda humanitaria como herramienta política es un riesgo que debemos denunciar y superar para proteger la vida y dignidad de las personas afectadas”, señala una académica experta en derechos humanos.

En conclusión, el bloqueo de ayuda a Gaza no es un problema aislado ni reciente: es el resultado de una estrategia que combina medidas burocráticas, políticas y de seguridad, con consecuencias devastadoras para la población civil. La evidencia muestra que, sin una apertura inmediata e incondicional de los pasos fronterizos y sin garantías para la labor humanitaria independiente, la crisis sanitaria y social en Gaza seguirá agravándose, con un costo humano que la comunidad internacional no puede ignorar.

Este episodio invita a reflexionar sobre cómo la política y la burocracia pueden convertirse en armas que prolongan el sufrimiento, y sobre la responsabilidad compartida de los actores globales para proteger la vida y la dignidad en contextos de conflicto.