
Un robo dentro del cuerpo policial
En 2014, cuatro carabineros de Tocopilla recuperaron una caja fuerte que había sido sustraída en un violento asalto al empresario Guillermo Santana. Sin embargo, la caja, que contenía en realidad US$150 mil, fue abierta antes de ser reportada a la fiscalía, y solo se informó un monto mucho menor. Los policías fueron condenados en 2021 por apropiación indebida de US$132 mil, pena ratificada en 2022 por la Corte Marcial.
“El fallo se basa en un conjunto amplio de pruebas, no solo en el testimonio de la víctima,” explica el informe del fiscal judicial de la Corte Suprema, que recomienda rechazar el recurso presentado por los condenados para anular la sentencia.
Diferentes voces en un tribunal dividido
La defensa de los exfuncionarios sostiene que hubo un error en la valoración de pruebas, cuestionando la validez de documentos bancarios y testimonios. Por otro lado, la fiscalía y la víctima insisten en que la evidencia es sólida y que la conducta policial representa un grave quiebre ético.
Para sectores críticos, este caso refleja una falla estructural en la institución policial, que no solo permite sino que encubre actos de corrupción. “Que ninguno haya sido dado de baja y que algunos incluso pasaran a retiro sin sanciones ejemplares, envía un mensaje preocupante a la ciudadanía,” señala un analista en seguridad pública.
En contraste, voces desde la defensa argumentan que la condena y el proceso judicial ya han cumplido su función y que la apelación busca corregir errores técnicos, no evadir responsabilidades.
Un episodio que interpela la confianza ciudadana
La Corte Suprema está próxima a emitir un fallo definitivo sobre el recurso de casación, que podría confirmar o revertir la condena. Este desenlace tendrá un impacto directo en la percepción pública sobre la transparencia y la justicia aplicada a las fuerzas del orden.
En un país donde la policía ha sido objeto de cuestionamientos constantes, este caso se convierte en un espejo de las tensiones entre la institucionalidad, la ética profesional y la demanda social por rendición de cuentas.
La verdad que emerge, hasta ahora, es que la justicia militar actuó con rigurosidad al condenar a los carabineros, pero las dudas sobre la integridad de la institución y la impunidad parcial persisten. El fallo final de la Corte Suprema no solo definirá el destino judicial de los exfuncionarios, sino que también marcará un precedente en la relación entre Carabineros y la sociedad chilena.
Fuentes: CIPER Chile (13 de agosto de 2025), informes judiciales del Primer Tribunal Militar de Antofagasta y la Corte Suprema.