Violencia en Cerro Navia: entre la guerra de bandas y la respuesta estatal insuficiente

Un barrio en guerra, un Estado cuestionado y una comunidad al borde del colapso. Cerro Navia, tradicional comuna popular de la Región Metropolitana, se ha convertido en el epicentro de un conflicto que ha escalado en violencia y desprotección ciudadana. El 4 de noviembre, un hombre fue asesinado a balazos en plena vía pública, en la intersección de Sara Gajardo con Alpacatal. Este crimen, con al menos ocho disparos, uno de ellos fatal en la cabeza, marcó el inicio de una semana de tensión que aún no cede.

El 7 de noviembre, el alcalde Mauro Tamayo denunció públicamente una "guerra de bandas" en su comuna, responsabilizando al Gobierno por la falta de coordinación y respuesta efectiva para contener la violencia. En una carta abierta, Tamayo detalló que las balaceras mantenían a toda la comunidad sin dormir, con niños que temían salir a la calle y familias que suspendieron sus actividades cotidianas, incluyendo la suspensión de clases en varios colegios.

"La vida cotidiana se ha vuelto una pesadilla: las familias no pueden dormir, los niños tienen miedo de salir... Cerro Navia ha sido abandonada a su suerte", afirmó el alcalde, quien además acusó al Ministerio de Seguridad de una incapacidad intolerable para coordinar a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

El 12 de noviembre, Carabineros detuvo a tres personas que descargaban mercadería de un camión robado en el sector, encontrando armas de fuego e inhibidores de señal, elementos que ilustran la sofisticación y la peligrosidad de las operaciones criminales en la comuna. Los detenidos, con antecedentes por delitos similares, representan solo una parte del entramado delictual que mantiene en vilo a los vecinos.

Desde el punto de vista institucional, la Subsecretaría de Seguridad Pública ha sido objeto de críticas por su falta de presencia efectiva y estrategias concretas para combatir el crimen organizado en Cerro Navia. Voces oficiales reconocen la complejidad del fenómeno, pero enfatizan en la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y la inversión en prevención social.

En el plano social, organizaciones vecinales y expertos en seguridad comunitaria alertan sobre el daño irreparable que la violencia sostenida produce en el tejido social. "No solo es la inseguridad física, sino la erosión del sentido de comunidad y la pérdida de confianza en las instituciones", señala una activista local.

Por otro lado, algunos sectores políticos advierten que la criminalización exclusiva de la violencia sin abordar las causas estructurales —como la desigualdad, el desempleo y la exclusión social— condena a Cerro Navia a un ciclo interminable de violencia y desamparo.

Este episodio, lejos de ser un hecho aislado, es la manifestación más reciente de un proceso de deterioro de la seguridad y la convivencia en comunas populares del Gran Santiago. La comunidad de Cerro Navia se encuentra en el centro de una disputa donde el Estado, las bandas criminales y los vecinos protagonizan un enfrentamiento que pone en evidencia las limitaciones del sistema de seguridad y justicia.

Conclusiones y consecuencias visibles:

- La violencia en Cerro Navia ha escalado a niveles que afectan directamente la vida cotidiana y la salud mental de sus habitantes.

- La respuesta estatal, especialmente en materia de seguridad pública, ha sido percibida como insuficiente y descoordinada, lo que alimenta la sensación de abandono.

- La criminalidad organizada muestra un aumento en sofisticación y violencia, evidenciado por el uso de armas y tecnología para inhibir señales.

- La comunidad exige no solo seguridad policial, sino políticas integrales que aborden las causas sociales profundas del conflicto.

- Este caso pone en tensión el debate sobre cómo equilibrar el control del orden público con la promoción de derechos y dignidad en territorios históricamente vulnerados.

En definitiva, Cerro Navia no es solo un escenario de violencia; es un espejo que refleja las desigualdades, las fallas institucionales y los desafíos pendientes para construir una convivencia segura y justa en Chile.