Consulta Indígena en Chile: Un proceso en pausa y la fractura del diálogo sobre la tierra
En el último trimestre, la Consulta Indígena sobre un nuevo sistema de tierras para el pueblo mapuche en la Macrozona Sur ha entrado en una profunda crisis que evidencia las complejidades y fracturas que atraviesan este tipo de procesos en Chile.
El 29 de septiembre, el Gobierno anunció la suspensión momentánea de la Consulta Indígena, tras una masiva resistencia de las comunidades involucradas, especialmente en La Araucanía y Malleco. Esta decisión, que en principio se presentó como un mecanismo reglamentario para permitir una pausa y abrir nuevos diálogos territoriales, fue recibida con críticas y desencanto por diversos sectores políticos y sociales.
La génesis y el desplome de un proceso
La Consulta, impulsada tras las recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, tenía como objetivo modernizar y agilizar el sistema de compra y restitución de tierras mapuche en 71 localidades de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Inició formalmente en agosto de 2025, con etapas de planificación y reuniones comunitarias que pretendían incorporar la voz indígena en un tema central para la convivencia y la justicia histórica.
Sin embargo, desde sus primeros pasos, la consulta enfrentó un rechazo creciente. Comunidades mapuche de más de 15 comunas manifestaron que el proceso carecía de legitimidad, señalando que la Comisión para la Paz no representaba adecuadamente sus intereses y que el mecanismo servía más a intereses empresariales, particularmente forestales, que a las restituciones reales. Nilsa Rain, vocera mapuche de Temuco, resumió esta postura: 'Invitamos al pueblo nación mapuche a rechazar toda política que signifique disminuir y desconocer nuestros derechos.'
Además, la fuerte presencia militar en las provincias de Malleco y Cautín, bajo estado de excepción constitucional, ha sido un punto de tensión que las comunidades denuncian como una imposición que limita la libertad y el diálogo auténtico.
Voces en pugna: Gobierno, comunidades y actores políticos
Desde el Ejecutivo, se defendió la consulta como un paso necesario para destrabar un sistema de tierras estancado, con más de dos mil procesos pendientes en Conadi. Juan Recabarren, secretario técnico de la Consulta, afirmó que el proceso en general avanzó con normalidad, aunque reconoció la negativa de algunas comunidades, especialmente en Alto Bío Bío, a continuar.
El delegado presidencial de La Araucanía, Eduardo Abdala, y el encargado de la Unidad de Seguimiento, Fabián Salas, insistieron en la voluntad gubernamental de mantener el diálogo y adaptar el proceso a las necesidades de las comunidades. Salas subrayó que se buscará abrir espacios autónomos de deliberación y que se continuará recogiendo observaciones y contrapropuestas.
Pero en el terreno, las críticas son duras y claras. La consejera de Conadi, Ana Llao, calificó la consulta como un 'fracaso absoluto', cuestionando la metodología impuesta desde Santiago y la falta de participación real de las comunidades. Desde Purén y Malleco, voceros como Max Reuka han anunciado movilizaciones hasta La Moneda para exigir el fin definitivo de la consulta y la derogación del Decreto Supremo 66 que regula estos procesos.
En el Congreso, las reacciones también se dividen. El diputado Andrés Jouannet calificó la suspensión como un fracaso total de la política indígena del gobierno, mientras que el senador Francisco Huenchumilla la consideró un traspié temporal, atribuido al contexto electoral y esperanzado en una reanudación futura.
Una herramienta que no logra cumplir su propósito
El Convenio 169 de la OIT, que regula la consulta indígena, establece un marco para el diálogo respetuoso y previo a decisiones que afecten a pueblos originarios. Sin embargo, la experiencia chilena reciente muestra que la consulta, en particular en temas tan sensibles como la tierra, puede convertirse en un espacio de bloqueo y frustración cuando no hay voluntad recíproca y condiciones adecuadas.
El proceso ha sido marcado por la exclusión de dirigentes clave, la percepción de imposición y la falta de garantías, sumado a un contexto de violencia y militarización que dificulta la confianza.
Constataciones y consecuencias
Este episodio pone en evidencia que sin un diálogo genuino, que incluya a todos los actores relevantes y respete la autonomía y demandas de las comunidades, la consulta indígena corre el riesgo de ser una mera formalidad sin resultados concretos. La suspensión momentánea, lejos de ser un simple paréntesis, refleja un estancamiento profundo y un quiebre en la relación entre el Estado y el pueblo mapuche.
Para avanzar, será indispensable repensar los mecanismos de participación, fortalecer la representatividad, y crear condiciones de seguridad y confianza que permitan superar la desconfianza histórica. El desafío es mayúsculo: lograr que la consulta sea efectivamente un puente y no un muro.
En definitiva, el caso chileno ilustra la complejidad de los procesos de reconocimiento y restitución en contextos de conflicto, donde las heridas históricas y las realidades actuales se entrecruzan, demandando soluciones innovadoras, inclusivas y valientes.