Diputados aprueban acusación constitucional contra Diego Pardow: comienza el juicio político en el Senado
El juicio político contra Diego Pardow avanza con paso firme tras la aprobación en la Cámara de Diputados. Con 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones, la Sala visó el libelo que acusa al exministro de infringir el deber de probidad administrativa en la fijación de tarifas eléctricas, debido a un error metodológico que generó un sobrecobro de más de US$ 115 millones a los consumidores. La decisión, aunque esperada, no estuvo exenta de tensiones y matices que revelan un escenario político complejo y con repercusiones más allá del caso puntual.
El trámite y las voces en la Cámara
La sesión especial del miércoles 19 de noviembre contó con la presencia de Pardow, quien decidió no invocar la cuestión previa y enfrentó directamente el fondo de la acusación. A su lado, ministros clave del gabinete, como Álvaro Elizalde (Interior) y Macarena Lobos (Segpres), desplegaron una defensa política que no logró evitar el avance del proceso.
Desde las bancadas, las posturas se presentaron con claridad y sin filtros:
- La oposición, unida en bloque, enfatizó la gravedad de la negligencia y la falta de transparencia en la gestión tarifaria, con diputados como Sergio Bobadilla (UDI) y Jaime Mulet (FRVS) liderando la acusación.
- El oficialismo mostró divisiones internas. Algunos parlamentarios oficialistas se sumaron al respaldo de la acusación, evidenciando una fractura que el gobierno intentó mitigar con reuniones y gestiones.
- Críticas duras llegaron desde sectores como el Partido Republicano, que calificó la actitud de Pardow como un engaño a la ciudadanía.
- En contraste, figuras del Frente Amplio, como Camila Rojas, calificaron la acusación de infame y advirtieron que carece de sustento jurídico sólido.
El trasfondo político y jurídico
La acusación se fundamenta en dos hechos principales: la doble aplicación del IPC en el cálculo de tarifas eléctricas desde 2017 y la omisión de correcciones a sobrecargos detectados en Transelec. Estos errores, que impactaron directamente en las cuentas de luz de millones de hogares, fueron atribuidos a Pardow como infracciones a los principios de probidad y eficiencia administrativa.
La defensa, a cargo del abogado Francisco Cox, planteó que el exministro no tenía facultades para modificar los cálculos de la Comisión Nacional de Energía y que la responsabilidad institucional no puede ser diluida en una sola persona. Cox advirtió que la acusación podría sentar un precedente peligroso para la administración pública, al extender la responsabilidad más allá de las competencias establecidas.
Impacto personal y político para Pardow
Si el Senado confirma la acusación, Pardow enfrentará la inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años, incluyendo su rol como académico en la Universidad de Chile, donde es profesor desde 2008. En sus declaraciones, Pardow reconoció el dolor personal que esto implica, pero manifestó su disposición a luchar contra la medida.
Además, el caso ha abierto interrogantes sobre posibles conflictos de interés relacionados con su pareja, Catalina Iñiguez, socia de un estudio jurídico que ha representado a Transelec. Pardow y su defensa han rechazado categóricamente estas acusaciones, calificándolas de infundadas y ajenas al proceso.
Consecuencias y reflexiones finales
Este episodio no solo marca un capítulo en la carrera política de Diego Pardow, sino que también pone en evidencia las tensiones entre responsabilidad política, técnica administrativa y rendición de cuentas en Chile.
Como señaló el diputado Jaime Mulet, presidente de la comisión revisora: "No puede aceptarse que siga actuando en la función pública quien permitió un daño económico a los ciudadanos". Sin embargo, voces críticas advierten sobre el riesgo de politizar excesivamente los errores técnicos y la necesidad de fortalecer las instituciones para evitar que la responsabilidad individual se convierta en un castigo desproporcionado.
La próxima semana, el Senado asumirá el rol de juez en este proceso, con un país atento a un desenlace que definirá no solo el destino de Pardow, sino también el estándar de probidad y responsabilidad en la función pública chilena.
Fuentes: Diario Financiero, Cooperativa, La Tercera.