Debate sobre recortes fiscales y crecimiento: La tensión entre austeridad y equidad en la campaña presidencial 2025
En agosto de 2025, tres candidaturas presidenciales chilenas se enfrentaron en un escenario que, con el paso del tiempo, revela las profundas divisiones y desafíos que enfrenta el país en materia económica y social. José Antonio Kast (Partido Republicano) y Evelyn Matthei (Chile Vamos) propusieron ajustes fiscales severos, con recortes sustanciales en el gasto público y rebajas tributarias a grandes empresas. Por su parte, Jeannette Jara (oficialismo y DC) planteó un enfoque más centrado en la cohesión social, la seguridad y la sustentabilidad, rechazando la reducción de impuestos y priorizando el fortalecimiento del gasto social.
Un choque frontal entre austeridad y crecimiento
El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, defendió un ajuste fiscal de US$6.000 millones en 18 meses y una reducción del impuesto a las grandes empresas del 27% al 23%, sin condiciones. Además, propuso un sistema tributario integrado y un crédito para empresas que generen empleo. Su diagnóstico es claro: “Estamos en una emergencia. Vivimos en un Estado de alerta... hay que salir con medidas concretas”. En seguridad, enfatizó la necesidad de cerrar las fronteras para frenar la inmigración irregular, señalando que el fenómeno afecta barrios, escuelas y mercados laborales.
En paralelo, Evelyn Matthei presentó un plan con un ajuste fiscal más amplio, cercano a US$8.000 millones en cuatro años, y una meta de balance fiscal estructural de -1% para 2029. Su propuesta incluye rebajas tributarias para grandes empresas y pymes, eliminación del impuesto a la ganancia de capital y un énfasis en controlar la burocracia y mejorar la eficiencia del gasto público. Matthei subrayó que el crecimiento económico debe ser el motor para mejorar la calidad de vida: “La equidad y la cohesión tienen que ser un objetivo político permanente”. También alertó sobre la informalidad crediticia y sus riesgos sociales.
Jeannette Jara, en cambio, se mostró cautelosa respecto a prometer metas de crecimiento altas sin medidas concretas y descartó la reducción de impuestos por el riesgo de aumentar la deuda pública. Su foco está en fortalecer la seguridad pública, combatir el crimen organizado y mejorar servicios sociales como vivienda, salud y educación. Sobre recursos naturales, aclaró que no habrá nacionalización del cobre ni del litio, aunque no descartó la creación de una empresa estatal del litio si fracasa un acuerdo clave. En materia previsional, defendió la reforma ya aprobada y rechazó una nueva reforma, enfatizando la necesidad de estabilizar el mercado de capitales tras los retiros de fondos AFP.
Perspectivas y tensiones políticas
Este debate refleja más que diferencias técnicas: encarna una lucha por definir el modelo de país que Chile quiere. Desde la derecha, la apuesta es por la austeridad fiscal como vía para recuperar competitividad y crecimiento, con un Estado más pequeño y menos intervencionista. Desde el oficialismo y la centroizquierda, el llamado es a una gestión pública que garantice cohesión social, seguridad y justicia distributiva, sin sacrificar la sustentabilidad fiscal.
Las voces ciudadanas, recogidas en diversas regiones, muestran una mezcla de inquietud y escepticismo. Algunos sectores productivos apoyan las rebajas tributarias para incentivar la inversión, mientras que comunidades afectadas por la inseguridad y la desigualdad demandan políticas sociales robustas y un Estado presente. La inmigración irregular emerge como un tema polarizador, con impactos concretos en barrios y servicios públicos.
Constataciones y consecuencias
A casi tres meses del seminario de Moneda Patria, donde se presentaron estas propuestas, la realidad comienza a mostrar sus grietas. La economía chilena enfrenta una desaceleración que complica alcanzar metas de crecimiento superiores al 3% en el corto plazo. La presión por controlar el gasto público choca con demandas sociales crecientes, y la polarización política dificulta acuerdos amplios.
La propuesta de recortes drásticos abre interrogantes sobre el impacto en programas sociales y calidad de vida, mientras que la apuesta por mantener o aumentar el gasto público genera preocupación sobre la sostenibilidad fiscal y la deuda.
En definitiva, el desafío para Chile es encontrar un equilibrio entre austeridad y equidad, crecimiento y cohesión, en un escenario donde las certezas son escasas y las demandas sociales, urgentes. Este debate, lejos de cerrarse, seguirá siendo el centro de la contienda política y económica en los meses venideros.
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Fuentes: La Tercera (2025-08-12), análisis de economistas independientes, entrevistas con actores sociales y académicos.