Error en precios de electricidad: Renuncias, responsabilidades y un gobierno en la mira

Un error metodológico en la fijación de precios de la electricidad en Chile ha desatado un verdadero coliseo político y social, con consecuencias que aún reverberan semanas después de su revelación. El 15 de octubre de 2025, la Comisión Nacional de Energía (CNE) informó que, debido a una doble aplicación del IPC en períodos anteriores, las cuentas de electricidad se encarecieron indebidamente para millones de familias chilenas. Este fallo técnico, lejos de ser un mero desliz administrativo, puso en jaque la confianza en un organismo clave para la regulación del mercado eléctrico y ha puesto en el centro del debate al gobierno de Gabriel Boric.

Desde la oposición, Renovación Nacional (RN) y Unión Demócrata Independiente (UDI) no tardaron en exigir la renuncia inmediata del secretario ejecutivo de la CNE, Marco Antonio Mancilla, a quien responsabilizan jerárquicamente por el error. El diputado Marco Antonio Sulantay (UDI) afirmó que “la CNE no está exenta de responsabilidad, su función principal es analizar tarifas y normas técnicas, y no puede fallar en un tema tan sensible”. Por su parte, la bancada de RN sostuvo que este error “refleja la ineptitud del gobierno en materias reguladas y afecta directamente a las familias más vulnerables”.

El Ejecutivo, por su parte, ha debido enfrentar las críticas mientras anuncia medidas para corregir el daño. El ministro de Energía, Diego Pardow, fue citado a la Cámara para explicar los alcances y las acciones a tomar, incluyendo la reducción de tarifas a partir de enero de 2026. Sin embargo, la demora y la forma en que se transparentó el error fueron cuestionadas: parlamentarios opositores denunciaron falta de celeridad y transparencia, lo que agravó la desconfianza ciudadana.

El impacto social ha sido palpable. Familias de escasos recursos, ya afectadas por la inflación y el costo de vida, enfrentaron cobros excesivos y retroactivos que tensionaron aún más su economía doméstica. Un dirigente social de la Región Metropolitana comentó: “Para muchos, esa cuenta extra significó sacrificar alimentos o medicamentos”.

Las voces en el debate político no se limitan a la oposición. Algunos sectores oficialistas reconocen que hubo fallas en la supervisión y que el gobierno debe asumir responsabilidades, aunque advierten que la solución no pasa solo por renuncias sino por una reforma profunda al sistema regulatorio.

Este episodio evidencia la complejidad de la regulación en mercados estratégicos y la fragilidad de la confianza pública en las instituciones. La CNE, cuya función es técnica y política a la vez, quedó expuesta en un momento en que la transición energética y la estabilidad tarifaria son desafíos centrales para Chile.

En definitiva, el caso del error en precios de electricidad no solo es una falla administrativa, sino un espejo de tensiones políticas, sociales y económicas que atraviesan al país. La exigencia de responsabilidades, la defensa de las familias afectadas y la necesidad de transparencia y eficiencia en la gestión pública se mantienen como los grandes temas que este episodio ha puesto en la arena pública.

Verdades y consecuencias claras emergen: el error fue real y afectó a millones; la respuesta estatal fue tardía y generó desconfianza; el impacto social fue significativo en sectores vulnerables; y la disputa política refleja una profunda fractura sobre la gestión y la rendición de cuentas en el Chile actual. La pregunta que queda es cómo se reformará el sistema para evitar que un fallo técnico vuelva a convertirse en una crisis de gobernabilidad.