
Un año después de dejar el Palacio de La Moneda, el expresidente Gabriel Boric Font hizo una admisión que resuena aún en los pasillos del poder y en la opinión pública: "aún hay tareas pendientes" en materia laboral. Esta declaración, emitida en agosto de 2025 desde un conversatorio en Maipú, no solo confirma un diagnóstico que ya había asomado durante su mandato, sino que también abre un debate sobre los límites y alcances de su administración en un tema crucial para Chile.
Durante el trimestre abril-junio de 2025, la tasa de desocupación alcanzó un 8,9%, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Este indicador, lejos de ser un mero número, fue el telón de fondo para la autocrítica del exmandatario. Boric subrayó la necesidad de "generar más empleo" y destacó el proyecto de Ley de Subsidio Unificado al Trabajo, diseñado para promover el empleo formal, especialmente entre jóvenes, mujeres mayores de 55 años y personas con discapacidad.
Desde el oficialismo, la lectura ha sido que el reconocimiento del expresidente refleja una voluntad honesta de enfrentar problemas estructurales. Voces como la de la exministra del Trabajo enfatizan que "ningún gobierno puede resolver de inmediato las complejidades del mercado laboral, pero se sentaron bases importantes".
En contraste, la oposición ha utilizado estas palabras para cuestionar la gestión, señalando que "la falta de creación de empleo formal y la persistencia del desempleo juvenil son un fracaso tangible". Para sectores empresariales, el problema radica en la rigidez del mercado laboral y en la insuficiente colaboración público-privada.
En regiones como la Araucanía y el norte grande, donde el desempleo estructural es más agudo, la percepción ciudadana es que las políticas no lograron revertir las brechas históricas. Organizaciones sociales critican que "los subsidios y las leyes no llegan con la fuerza necesaria a las zonas más vulnerables".
Por otro lado, jóvenes y colectivos feministas valoran el foco puesto en la inclusión laboral, aunque advierten que "la formalización del empleo requiere cambios profundos en la cultura empresarial y en la fiscalización".
La autocrítica de Boric, lejos de ser un gesto aislado, pone en evidencia la complejidad de los problemas laborales en Chile. La persistencia del desempleo, especialmente entre jóvenes y grupos vulnerables, refleja factores estructurales que trascienden gobiernos y requieren consensos amplios.
El proyecto de Ley de Subsidio Unificado al Trabajo, aún en discusión, representa un intento de modernizar y simplificar los incentivos para la contratación formal, pero su éxito dependerá de su ejecución y del contexto económico.
Finalmente, este episodio invita a una reflexión profunda: la política laboral no puede ser un campo de promesas inmediatas, sino un terreno donde la paciencia y la mirada a largo plazo sean protagonistas. La ciudadanía, por su parte, debe exigir no solo resultados, sino también transparencia y participación en la construcción de soluciones.
Este balance madurado a más de un año de la salida de Boric del poder muestra que los desafíos en empleo son un espejo de las tensiones sociales y económicas que Chile aún debe enfrentar, con todas sus contradicciones y esperanzas.
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Fuentes: Instituto Nacional de Estadísticas, declaraciones públicas de Gabriel Boric (Agosto 2025), análisis de expertos laborales, entrevistas a actores políticos y sociales.
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