
En agosto de 2025, Chile vivió un cambio en la forma en que se reciben las llamadas comerciales y de spam en los teléfonos móviles. Desde el 13 de agosto, la normativa que obliga a las empresas a usar prefijos específicos para identificar llamadas solicitadas y no solicitadas entró en vigencia. Esta medida, anunciada meses antes por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), busca proteger a los usuarios de fraudes y mejorar la transparencia en las comunicaciones telefónicas.
La regulación fue publicada en febrero de 2025, otorgando un plazo de seis meses para su implementación. Los prefijos definidos son el 600, para llamadas comerciales solicitadas o autorizadas por el usuario (como bancos o servicios contratados), y el 809, para llamadas no solicitadas o masivas, comúnmente identificadas como spam.
Esta iniciativa responde a un escenario donde, según el estudio de la empresa Hiya en 2024, los chilenos recibían en promedio 28 llamadas spam al mes, la cifra más alta en América Latina. Además, la Policía de Investigaciones reportó un aumento del 19% en denuncias por estafas telefónicas durante 2024.
El anuncio no estuvo exento de polémica. El Sindicato Interempresas de las Comunicaciones y Telecomunicaciones (Sincotel) alertó sobre el riesgo de perder más de 30.000 empleos en call centers, donde trabajan principalmente jefas de hogar, estudiantes y adultos mayores. Argumentaron que la regulación podría poner en jaque la televenta y afectar la sostenibilidad de numerosas pymes.
Por otro lado, la Subtel defendió la medida, asegurando que no limita la televenta ni impide otros negocios que requieran este servicio. Además, destacó que la normativa es una respuesta necesaria para combatir estafas y proteger a los consumidores.
En paralelo, sectores como cooperativas y retail financiero manifestaron preocupación por la inclusión de llamadas de cobranza en la norma, solicitando exclusiones para evitar confusión entre cobranza legítima y spam. Sin embargo, la Subtel confirmó que la normativa aplica para todas las llamadas comerciales.
Empresas como Entel, Wom y ClaroVTR anunciaron la adopción de los nuevos prefijos, valorando la transparencia y el respeto hacia los clientes. Pedro Suárez, gerente de regulación de Entel, afirmó que la medida contribuirá al bienestar de los clientes al permitirles identificar de inmediato el tipo de llamada.
Para los usuarios, la diferencia es clara: llamadas que comienzan con 600 provienen de entidades con las que mantienen una relación contractual, mientras que las que comienzan con 809 son ofertas no solicitadas. Las llamadas que no usen estos prefijos, especialmente si provienen de números móviles (+569) o extranjeros, deben ser consideradas sospechosas.
Además, la normativa establece sanciones para las empresas que incumplan, con multas que pueden llegar hasta 5.000 UTM, y un sistema de denuncias abierto para los usuarios.
Tras casi tres meses de vigencia, los datos preliminares muestran una reducción en las llamadas fraudulentas identificadas y una mayor conciencia ciudadana sobre la naturaleza de las llamadas recibidas. Sin embargo, la tensión entre la necesidad de seguridad y la protección de empleos en televentas persiste, evidenciando un desafío para las políticas públicas.
La medida también ha puesto en evidencia la importancia de acompañar regulaciones técnicas con campañas de educación ciudadana y mecanismos efectivos de control.
Finalmente, este cambio ha marcado un precedente en la lucha contra el spam telefónico en Chile, abriendo la puerta a futuras regulaciones que consideren la evolución tecnológica y social del país.
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Fuentes: Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), Policía de Investigaciones (PDI), estudio Hiya 2024, declaraciones de Sincotel y gerentes de telecomunicaciones, informes de La Tercera, Cooperativa y Diario Financiero.