El aumento récord de personas sin hogar en EE.UU.: un problema que la riqueza no ha resuelto

Estados Unidos enfrenta una paradoja inquietante: casi 800.000 personas viven sin hogar en 2024, incluyendo 150.000 niños, a pesar de ser la economía más grande del planeta. Esta cifra, la más alta registrada, no solo refleja un problema social agudo, sino también las limitaciones de las políticas públicas y las tensiones sociales que se han ido acumulando en los últimos años.

Una crisis que crece y se complejiza

Desde 2007, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) realiza un recuento anual que ha mostrado un aumento constante en la población sin techo. Entre 2023 y 2024, el incremento fue del 18%, con un crecimiento especialmente marcado en familias con hijos, que aumentaron un 40%.

Este fenómeno está vinculado a factores estructurales como la escasez de viviendas asequibles, la brecha creciente entre ingresos y alquileres, y la insuficiente red de servicios sociales y de salud, elementos que se entrelazan con problemas de racismo sistémico y marginación social.

Margot Kushel, experta de la Universidad de California San Francisco, señala que "la crisis actual está enraizada en la enorme escasez de vivienda para personas que llevan demasiado tiempo en situaciones extremas" y critica la simplificación de la problemática por parte del gobierno.

El choque político: control versus derechos

En julio de 2024, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva que busca "acabar con la delincuencia y el desorden en las calles estadounidenses" mediante el despliegue de la Guardia Nacional y el refuerzo policial en ciudades como Washington D.C.

Esta medida incluye la criminalización del vagabundeo y el consumo abierto de drogas, así como el internamiento civil para personas con enfermedades mentales que no pueden cuidarse.

Las autoridades locales, como la alcaldesa demócrata Muriel Bowser, han calificado estas acciones de "desconcertantes e improcedentes", apuntando a una reducción en la criminalidad y denunciando que se criminaliza a personas en situación de vulnerabilidad.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) advierte que la recopilación masiva de datos podría usarse para justificar una mayor criminalización y vigilancia.

Voces desde la calle y la academia

En zonas como Skid Row en Los Ángeles, epicentro histórico de la indigencia, conviven decenas de familias migrantes y residentes de larga data en condiciones precarias. Doris, venezolana que vive en una tienda de campaña, resume la desesperanza común: "Pensábamos que estaríamos primero en un albergue y luego podríamos trabajar y pagar renta, pero no es fácil cuando eres migrante sin permiso de trabajo".

Expertos en salud pública subrayan que la falta de un sistema de salud universal agrava la crisis, pues el acceso limitado a servicios médicos y sociales contribuye a la pérdida de vivienda y dificulta la recuperación.

Constataciones y consecuencias

El análisis de esta crisis revela que la riqueza nacional no se traduce en soluciones eficaces para los sectores más vulnerables. La política de mano dura y criminalización, lejos de resolver el problema, profundiza la exclusión y genera tensiones sociales.

La escasez estructural de vivienda asequible, la desigualdad económica y la falta de redes sociales robustas son las raíces que deben ser abordadas para avanzar hacia una solución sostenible.

El debate entre enfoques punitivos y políticas integrales sigue abierto, con consecuencias palpables en la vida de cientos de miles de personas y en el tejido social estadounidense.

Este es un recordatorio crudo de que el desarrollo económico sin justicia social puede dejar a muchos al margen, y que la complejidad del fenómeno exige respuestas que trasciendan la simplificación política y mediática.