
El lunes 17 de noviembre, un drama se desplegó en el corazón de uno de los destinos naturales más emblemáticos de Chile: el Parque Nacional Torres del Paine. Cinco turistas extranjeros perdieron la vida en el exigente circuito ‘O’, mientras que otros cuatro fueron encontrados con vida, aunque con lesiones y en estado de shock. El rescate de estos sobrevivientes se concretó recién el miércoles 19, tras una ventana meteorológica favorable, a cargo de la Sección Aérea de Carabineros de Magallanes.
Este episodio ha puesto en el centro del debate público no solo la tragedia humana, sino también la gestión y las falencias estructurales del Estado en la administración de este parque nacional. La Cámara Nacional de Comercio (CNC) fue una de las primeras voces en señalar que “la muerte de cinco turistas extranjeros no es un accidente fortuito ni un hecho aislado producto solo de las inclemencias del clima”, calificándolo como una “falla estructural del Estado” que se manifiesta en años de subfinanciamiento, baja presencia operativa y una administración que no está a la altura de un destino turístico de talla mundial.
El operativo de rescate estuvo marcado por la dificultad del terreno y el clima adverso. Los cuatro sobrevivientes, entre ellos un estadounidense, un australiano, un chileno y una persona de nacionalidad aún por confirmar, fueron trasladados al Hospital Augusto Essmann en Puerto Natales, donde reciben atención médica y apoyo psicológico. Tres de ellos presentan lesiones. Mientras tanto, los cuerpos de los cinco fallecidos fueron llevados al Servicio Médico Legal para peritajes.
Los sobrevivientes relataron en redes sociales su desesperación y las complicaciones para salir del refugio Dickson, señalando que “estamos traumatizados, con frío, con equipo dañado o mojado, y nos estamos quedando sin comida ni suministros”. Además, acusaron a los operadores privados y a Conaf de “deliberada obstrucción” para facilitar la evacuación, lo que añade un matiz de conflicto entre actores públicos y privados en la gestión del parque.
El parque recibe cientos de miles de visitantes cada año y es un motor clave para la economía regional y nacional. Sin embargo, la CNC advierte que no se le administra como un activo estratégico, sino como un área protegida con recursos mínimos y sin estándares adecuados a su demanda internacional. La falta de guardaparques en el momento del incidente, atribuida al cambio de turno, retrasó la respuesta inicial y expone la fragilidad operativa.
La reciente creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Sbap) mediante la Ley 21.600 tampoco ha despejado las dudas sobre un financiamiento adecuado. Según la CNC, “existe evidencia técnica que advierte que un financiamiento menor o una transición burocrática lenta podría generar un deterioro operativo, afectando la seguridad de visitantes, la competitividad del destino y la reputación internacional del país”.
Desde el gobierno, se ha reconocido la complejidad climática y la necesidad de mejorar la infraestructura y los protocolos de emergencia, aunque sin comprometerse aún a un aumento presupuestario significativo. Por otro lado, actores del sector privado y guías turísticos insisten en que han debido asumir responsabilidades que corresponden al Estado, generando una tensión evidente.
En las comunidades locales, la tragedia ha reavivado la preocupación por el equilibrio entre desarrollo turístico y seguridad. Algunos habitantes destacan que la masificación sin un respaldo estatal sólido expone a los visitantes y a la región a riesgos evitables.
Este episodio pone en evidencia una verdad incómoda: la tragedia en Torres del Paine no es solo producto del clima adverso, sino también de decisiones políticas y administrativas que han dejado al parque en un estado de vulnerabilidad operativa. La falta de recursos, personal y protocolos adecuados contribuyó a que la emergencia se tornara en una tragedia con un elevado costo humano.
La recuperación de los sobrevivientes y la identificación de los fallecidos marcan el cierre de una etapa, pero abren un debate que exigirá respuestas concretas y reformas profundas. La seguridad en uno de los íconos naturales de Chile no puede seguir siendo un asunto de azar o improvisación.
Si algo queda claro, es que el desafío para las autoridades es mayúsculo: transformar la gestión del parque en un modelo que combine conservación, turismo seguro y responsabilidad estatal. De lo contrario, la historia podría repetirse, y el precio volverá a ser humano.
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Fuentes: La Tercera (informes del rescate y declaraciones de la CNC), testimonios de sobrevivientes en redes sociales, comunicados oficiales de Carabineros y autoridades regionales.