
Tras más de dos décadas de planificación y casi tres años de evaluación ambiental, el Grupo Santa Cruz logró un hito clave: la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región Metropolitana aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del megaproyecto Urbanya, ubicado en el sector El Noviciado, Pudahuel. Esta aprobación, otorgada en noviembre de 2025, permite la concreción de una iniciativa valorada en US$ 203 millones, que contempla la construcción de 1.183 viviendas, integración social, áreas verdes y equipamiento comunitario.
El proyecto, que se extiende sobre 700 hectáreas del antiguo fundo Las Lilas, representa el primer Proyecto de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) aprobado en Chile, una figura novedosa que busca compatibilizar la expansión urbana con criterios ambientales y sociales. La etapa inicial aprobada abarca 224 hectáreas, incluyendo un parque de 51 hectáreas y un loteo logístico de casi 122 hectáreas.
Desde la perspectiva del Grupo Santa Cruz, Urbanya responde a una necesidad acuciante de vivienda y desarrollo en la zona poniente de Santiago. Sergio Espejo Yaksic, gerente general de Inmobiliaria Las Lilas, destacó que 'este es un proyecto de interés público-privado, cuidadosamente planificado, que busca responder a necesidades de vivienda, equipamiento y empleo, al mismo tiempo que protege el patrimonio ambiental de Pudahuel.'
Sin embargo, la historia de Urbanya no ha estado exenta de controversias. El proyecto enfrentó obstáculos normativos y sociales, incluyendo la modificación del Plan Regulador Metropolitano y cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y vecinos preocupados por el impacto sobre los ecosistemas locales y la calidad de vida.
Las voces críticas advierten que la escala del proyecto podría agravar problemas de congestión vial, presión sobre recursos hídricos y pérdida de biodiversidad. Desde organizaciones ambientales, se señala que la aprobación refleja una tendencia a priorizar desarrollos inmobiliarios sin suficientes garantías de sostenibilidad a largo plazo.
Por su parte, el sector público ha defendido la aprobación como un avance necesario para mitigar el déficit habitacional y promover la descentralización urbana, aunque reconocen la necesidad de fiscalizar estrictamente el cumplimiento de las condiciones ambientales y sociales impuestas.
El debate político también ha reflejado estas tensiones. Mientras sectores empresariales y parte de la opinión pública valoran la generación de empleo y la reactivación económica que Urbanya promete, otros actores políticos y sociales llaman a revisar los marcos regulatorios para equilibrar crecimiento con protección ambiental y derechos ciudadanos.
La habilitación de la avenida Pudahuel Poniente, que conectará con la Autopista Costanera Norte, es un componente clave para la integración vial del proyecto, pero también un foco de discusión sobre el impacto en la movilidad y el entorno urbano.
A más de una semana de la aprobación, las consecuencias ya comienzan a vislumbrarse. En el mercado inmobiliario, la noticia ha generado expectativas de dinamismo, mientras que en Pudahuel y comunas aledañas se intensifican los debates sobre planificación urbana, participación ciudadana y justicia ambiental.
En conclusión, la aprobación del megaproyecto Urbanya representa un momento definitorio para la expansión urbana en Santiago. 'Es un proyecto que pone en tensión las urgencias habitacionales y las demandas ambientales,' resume una académica experta en urbanismo. La historia de Urbanya invita a una reflexión profunda sobre cómo Chile enfrenta sus desafíos de desarrollo sostenible, con un llamado a la vigilancia ciudadana y a la mejora continua de los procesos regulatorios que deben equilibrar intereses diversos y, a menudo, contrapuestos.