
Hace más de tres meses que el Presidente Gabriel Boric promulgó una ley destinada a modificar la composición de los directorios en grandes empresas chilenas, buscando aumentar la participación femenina en estos espacios tradicionalmente masculinos. El 12 de agosto de 2025, la Ley Más Mujeres en Directorios entró en vigencia, con una implementación gradual que apunta a que, en siete años, ningún género supere el 60% de representación en los directorios de sociedades anónimas abiertas y especiales.
Desde el inicio, esta ley ha generado un escenario que bien podría compararse a un coliseo romano donde se enfrentan visiones encontradas: por un lado, quienes ven esta medida como un avance imprescindible para la igualdad y la democracia; por otro, quienes la perciben como una intromisión en la autonomía empresarial y un riesgo para la meritocracia.
“Chile necesita de sus mujeres, de su voz, de su mirada, de su participación activa en todos los espacios, especialmente donde se toman decisiones”, afirmó Boric en la promulgación, poniendo en el centro la idea de que la democracia se fortalece con representatividad efectiva.
Sin embargo, voces dentro del sector privado han manifestado preocupación por la imposición de cuotas, argumentando que podría generar tensiones internas y afectar la dinámica de los directorios. Algunos ejecutivos sostienen que la calidad y experiencia deben primar sobre el género, mientras que organizaciones feministas y sociales insisten en que la igualdad no es posible sin medidas concretas y obligatorias.
Actualmente, las mujeres representan el 39,6% de la fuerza laboral en grandes empresas, pero sólo un 22,1% en cuadros directivos y un 1% en directorios exclusivamente femeninos. Este desequilibrio ha sido el motor para la ley, que busca no sólo aumentar números, sino transformar la cultura corporativa y abrir espacios de poder.
En estos meses, se han reportado movimientos iniciales en varias compañías que han comenzado a incorporar mujeres en sus directorios, aunque con resistencias y debates internos. Algunas ejecutivas destacan que la presencia femenina ha traído perspectivas nuevas y mejor diálogo, mientras que detractores advierten sobre posibles conflictos y la presión por cumplir cuotas más que por mérito.
En regiones más conservadoras, la ley ha sido recibida con mayor escepticismo, donde sectores empresariales y políticos reclaman que la medida no considera las particularidades locales y la realidad de pequeñas y medianas empresas, que quedan fuera de este mandato pero enfrentan sus propios desafíos de inclusión.
Por otro lado, organizaciones feministas y de derechos humanos han señalado que esta ley es sólo un primer paso, insuficiente para erradicar desigualdades estructurales que afectan a las mujeres en el mundo laboral, como brechas salariales y acoso.
Tras la euforia inicial y la resistencia palpable, la ley revela que la inclusión no es un proceso lineal ni exento de conflictos. La experiencia chilena confirma que las cuotas pueden ser herramientas efectivas para acelerar la participación femenina, pero también ponen en evidencia la necesidad de acompañarlas con cambios culturales profundos y políticas de apoyo.
Este episodio deja claro que la igualdad en los espacios de poder no es sólo una cuestión de números, sino un desafío para transformar mentalidades y estructuras. La democracia chilena, en este sentido, se juega parte de su futuro en cómo enfrenta estas tensiones.
Las próximas etapas de implementación serán decisivas para observar si la ley logra no sólo cumplir cuotas, sino también consolidar una nueva cultura empresarial más inclusiva y diversa, o si las resistencias terminarán diluyendo su impacto.
En definitiva, la ley Más Mujeres en Directorios es un espejo donde se reflejan las contradicciones y esperanzas de un Chile que busca redefinir su concepto de poder y representación.
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