Gobierno y CChC en Viña del Mar: No hubo rechazo, sino un malentendido sobre viviendas ofrecidas

Un año después del megaincendio que devastó amplias zonas de Viña del Mar, la controversia sobre una supuesta donación de viviendas por parte de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) ha quedado despejada. El 11 de agosto de 2025, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) cerró la investigación sobre un supuesto rechazo gubernamental a casas donadas para la reconstrucción, confirmando que nunca existió tal donación.

Este episodio comenzó con una comunicación que "fue mal entendida", según Andrés Celis (RN), presidente de la Comisión Investigadora del Congreso. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, aclaró que "no fue nunca una donación. Fue una oferta de viviendas", y que la CChC no representa directamente a las empresas constructoras involucradas.

Estas declaraciones desmontan la narrativa que había tensionado la relación entre el Gobierno y el sector privado, y que alimentó críticas desde distintos sectores políticos y sociales. Para algunos actores de oposición, la confusión alimentó la percepción de una gestión pública ineficiente y poco transparente en la emergencia post-catástrofe. En cambio, representantes del oficialismo defendieron la labor gubernamental, subrayando la complejidad de coordinar múltiples actores en un contexto de crisis.

Desde el punto de vista regional, la polémica generó incertidumbre entre los vecinos afectados, quienes esperaban respuestas claras y soluciones concretas. La falta de claridad inicial y la posterior rectificación evidencian una brecha en la comunicación institucional que impactó en la confianza ciudadana.

Este caso también refleja las dificultades estructurales en la reconstrucción tras desastres naturales en Chile, donde la interacción entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil suele estar marcada por expectativas divergentes y desafíos logísticos.

Un año después, la verdad oficial es que no hubo rechazo a donaciones porque no hubo donaciones formales, sino una oferta que nunca se concretó. Esta constatación invita a reflexionar sobre la importancia de la precisión comunicacional y la necesidad de fortalecer mecanismos de coordinación y transparencia en la gestión pública, especialmente en situaciones de emergencia.

En definitiva, este episodio deja en evidencia que la tragedia no solo se mide en pérdidas materiales, sino también en la compleja trama de interpretaciones y expectativas que se entrelazan cuando el Estado, el mercado y la ciudadanía enfrentan juntos la reconstrucción.